La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha solicitado inspecciones en ocho ‘cocinas fantasma’ ubicadas en Madrid. Pedro Barrero, responsable de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, advierte que “ha sido la Agencia de Actividades quien ha respondido a este reclamo de la FRAVM con una serie de escritos sin firma y sin datar”.
Considera el edil que “este es el comienzo de los despropósitos del Gobierno del PP y Ciudadanos” que, «si no fuera porque tanto el PSOE como la FRAVM y la ciudadanía están denunciando la proliferación de estos negocios sin control y con todas las molestias que causan a la vecindad, ni se movería” y eso que “ha sido su relajación la que ha alimentado una realidad que ha acabado estallándoles en las manos”.
Las ‘cocinas fantasma’, que preparan comidas para servicio a domicilio pero no tienen atención presencial al público como un restaurante tradicional, «están funcionando sin cumplir la normativa urbanística y generan impactos indeseados en materia ambiental, acústica y de gestión de residuos». El Ejecutivo municipal «no revisa que se cumpla la normativa y la población ya se ha dado cuenta de su mala gestión”, ha denunciado Barrero.
“Los promotores de estas empresas son grandes productores de residuos, pero el área de Urbanismo no les obliga a cumplir con la ordenanza correspondiente, limitándose a pedir solo cuartos de residuos dentro de los edificios”, incide el edil del PSOE, quien precisa que estos desperdicios «generan efectos nocivos en la calle y en el servicio público de recogida de basuras».
Tampoco se ocupan de «controlar el nivel de ruido». “No deberían autorizar la contaminación acústica que producen los vehículos motorizados que se ocupan del aprovisionamiento de productos y del reparto de comida preparada”, indica y subraya que “esto debería ser más que suficiente para evitar que las cocinas fantasma se sitúen al lado de un colegio”.
Reconoce el concejal que no hay ninguna normativa que prohíba su instalación junto a un centro educativo, pero hace hincapié en las funciones de la Agencia de Actividades “que tiene que evitar afecciones al entorno y escuchar a los colindantes antes de resolver”.
Asevera Barrero que todos estos incumplimientos de la normativa tienen que ver con el afán del Gobierno de la ciudad de “flexibilizar”, con el fin de “dar rienda suelta a la actividad económica”, aunque esto implique “perjuicios para la ciudadanía”. El concejal socialista concluye subrayando que su Grupo apuesta por la actividad económica pero “regulada, con una normativa adaptada y protegiendo los intereses de vecinos y vecinas, en especial de los más vulnerables”.
