La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a A. M. V. G. y a J. R. P G.. la responsable y la auxiliar encargada, respectivamente, de una residencia de la tercera edad en el municipio madrileño de Pozuelo a quienes imputa cuatro delitos de homicidio imprudente, otros cuatro de omisión del deber de socorro y otro delito continuado de trato degradante.
En su denuncia, el Ministerio Público pone de manifiesto el hecho de que cuando se trasladó el equipo sanitario durante los primeros días de la pandemia al centro encontró a los residentes “abandonados” y en unas condiciones de higiene y atención “deplorables”.
El centro, de naturaleza privada, tenía como responsable de forma habitual a una enfermera que estuvo de baja desde el inicio de la crisis y, por tanto, la responsabilidad pasó a manos de J. R. P. G. En teoría, la residencia disponía de un servicio sanitario prestado los martes y jueves constituido por un médico y una enfermera. El 20 de marzo, sin embargo, el doctor causó baja por posible contagio por COVID-19 y la enfermera se sumó también por ser personal de riesgo, por el que centro se quedó sin equipo sanitario. Así que tuvo que asumir el control la auxiliar encargada “con pleno conocimiento de la titular de la residencia”.
A pesar de que, al menos desde el 23 de marzo, la residencia contaba con casos sospechosos de contagio por COVID-19, la denuncia sostiene que “en todo ese periodo no se informó a los responsables de la Consejería de Sanidad de ningún usuario con sintomatología”. Tan solo el 1 de abril se incluyó la referencia a un paciente sospechoso, si bien ese mismo día el equipo de soporte en residencias que se constituyó en el Hospital Universitario Puerta de Hierro acudió por primera vez al centro y valoró a cinco usuarias, “todas las cuales presentaban clínica respiratoria, y al menos cuatro de ellas, desaturaciones importantes que no estaban siendo tratadas”.
La ausencia de información “fidedigna” impidió, según la Fiscalía, realizar una adecuada valoración de la gravedad de la crisis epidemiológica por parte de los responsables de la Consejería de Sanidad, “de forma que ésta no pudo anticiparse a la situación”. Por ello, la Unidad de Emergencias del Ejército (UME) tuvo que intervenir el 4 de abril “gracias a que el equipo hospitalario de soporte a residencias se volvió a desplazar al centro el día anterior para realizar nuevas valoraciones de los usuarios”. Una vez allí, tras comprobar dicho equipo que no se estaba suministrando la oxigenoterapia y medicación pautadas en la visita anterior a los usuarios atendidos y evaluar a siete nuevos residentes, se constató que ninguno de ellos estaba siendo objeto de tratamiento “a pesar de que todos presentaban también sintomatología respiratoria”.
Gracias a esta iniciativa del equipo hospitalario, “que no de la dirección del centro, que seguía negando que tuviera un problema epidemiológico,” el día 4 de abril la UME se presentó en las instalaciones. Durante la visita, comprobaron que la residencia estaba ubicada en un chalet que no contaba con ascensor y que tenía habitaciones dobles y baños compartidos, “con lo que no podían seguirse adecuadamente los protocolos de prevención del COVID-19”. De hecho, advirtieron de que había una “clara” ausencia de higiene y limpieza, “reinando un gran desorden tanto en las habitaciones como en los espacios comunes”.
También constataron que en esa fecha había una “notable” ausencia de personal y que el que quedaba al cargo no estaba cualificado para hacer frente a la situación. “Más allá de ese mínimo control (…), el centro carecía de concentradores y balas de oxígeno, por lo que no se administraban tratamientos de oxigenoterapia, y varios usuarios manifestaron que ni tan siquiera les estaban dando su medicación habitual”, añade la Fiscalía. Ante la gravedad de la situación, se procedió a cerrar la residencia y se acordó la derivación de 22 usuarios para su valoración a diferentes centros hospitalarios. “El desorden era tal en la residencia –subraya la denuncia- que la mayoría de los usuarios fueron trasladados sin más ropa que la puesta y sin documentos de identificación ni historias clínicas”.
Pese a la “deficitaria” atención sanitaria, algunos residentes consiguieron superar la crisis pandémica sin necesidad de pasar por un centro hospitalario “ya sea porque no llegaron a contagiarse de COVID-19, ya porque, una vez trasladados, tuvieron una evolución favorable gracias al tratamiento pautado por los doctores de las residencias en las que quedaron institucionalizados, y en todo caso, gracias a la pronta intervención de las autoridades”.
No obstante, la Fiscalía incide en que el equipo sanitario encontró a los residentes “abandonados” en unas condiciones de higiene y atención “deplorables”. Hasta la propia Policía Municipal reflejó en un informe que los enfermos se hallaban “abandonados en las habitaciones, sin asear ni recibir tratamientos crónicos”. Con la intervención del equipo médico del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda se pudo poner fin a esa situación y algunos de ellos consiguieron remontar su cuadro clínico. Otros cuatro usuarios, sin embargo, no consiguieron superar la infección por COVID-19, “falleciendo como consecuencia directa de la situación que había provocado la inacción de la directora de la residencia”.
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Pues vamos a ver si esclarece la posición de la comunidad de Madrid…y comprobar si ha habido negligencia y se ordenó dejar morir a los mayores antes que llevarles al hospital