La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra tres médicas de la residencia pública de mayores Adolfo Suárez, en el barrio de Las Rosas del distrito madrileño de San Blas-Canillejas, una de ellas la directora del centro, por privar a dos de sus usuarios de una “adecuada” atención sanitaria que influyó “razonablemente” en el “fatal” desenlace de sus enfermedades. La representante del Ministerio Público imputa a las tres médicos los delitos de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente.
Dicha residencia, cuya gestión pública está adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), estaba dirigida por A. I. P. M. y en su cuadro médico estaban entre otras, las doctoras M. V. L. e I. R. T. En este sentido, la denuncia pone de manifiesto que, a fecha 3 de marzo de 2020, el centro contaba con un total de 274 residentes, de los cuales solo 13 eran autónomos, mientras que 38 tenían una dependencia leve y 223, una dependencia moderada o severa.
Según la Fiscalía, entre el 1 de marzo y el 18 de junio se produjeron 91 defunciones en el centro denunciado, de las que 80 estuvieron relacionadas con el COVID-19. Durante este periodo de tiempo, la residencia, con su directora al frente, se desarrollaron medidas de prevención y organización para tratar de paliar los efectos de la enfermedad COVID-19, “incluyendo el refuerzo de la atención sanitaria y el desarrollo de un sistema de comunicación diario con la Dra. B. M., del Hospital Universitario Ramón y Cajal, designada por las autoridades competentes geriatra de referencia, quien era la encargada, en base a su criterio médico”.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ninguna de las doctoras llegó activar el citado mecanismo de coordinación “a pesar de que concurrían los presupuestos para hacerlo, y sin que conste razón justificada” en relación con dos usuarios E. G. P. y J. R. B. Ambos fallecieron en la residencia los días 6 y 1 de abril de 2020, respectivamente, “habiendo provocado con su actuación que no pudieran ser valorados por la unidad de geriatría del hospital de referencia, e incluso trasladados a sus instalaciones, al tiempo que tampoco les proveyeron en la residencia un adecuado seguimiento y control médico, de todo lo cual era conocedora la directora del centro, que tampoco realizó acción alguna para solventar la situación”.
G. P., de 69 años de edad, fue atendido la primera vez por la doctora el 4 de abril, esto es, tres días después de comenzar con los síntomas que indicaban que podía estar contagiado por COVID-19. Así, durante una vista rutinaria la médico pautó antibiótico de amplio espectro, al tiempo que pidió que se hiciera un seguimiento del paciente. A pesar de ello el usuario no pudo superar el cuadro y falleció dos días más tarde. “En ningún momento se realizó interconsulta con el hospital de referencia, ni para sugerir una posible derivación ni para pedir pautas de tratamiento”, añade la Fiscalía.
Además, precisa que de la documentación sanitaria se desprende que “inmediatamente” después de que la doctora viera al usuario, fue cuando percibió la gravedad de la situación “pautando una mascarilla especial y un tratamiento sintomático que, lamentablemente, en este momento no surtió ya efecto”. Para la Fiscalía el tiempo que se tardó en prestar asistencia médica, así como la falta de un seguimiento “estricto” para evitar que el usuario se quitara el sistema de oxigenoterapia, unido a la ausencia, de cualquier interconsulta sobre el paciente, pudieron incidir “razonablemente” en el resultado final, que le es “directamente imputable” a la responsable de la situación sanitaria del paciente.
El caso de J. R. B. es similar. Tenía numerosos antecedentes de broncoaspiración y el 25 de marzo sufrió uno de estos episodios sin que recibiera ningún tipo de atención médica “hasta el punto de que el usuario no fue revisado por una doctora hasta dos días después del incidente”. El 26 de marzo, sin embargo, el hombre comenzó a tener fiebre y vio disminuido su nivel conciencia. Durante esos cincos días previos a su fallecimiento, ocurrido el 1 de abril, “no consta ningún tratamiento de enfermería ni que fuera trasladado para seguimiento y control a dicho departamento”.
Tampoco consta que las doctoras realizaran interconsulta alguna con los responsables de la unidad de geriatría del hospital de referencia o que solicitaran ayuda en la propia residencia, “y todo ello a pesar de que no estaban sometiendo al usuario a un control exhaustivo como el que conocían, en base a su experiencia previa, que requería en estas ocasiones”. Es más, ni siquiera valoraron la posibilidad de que el usuario estuviera contagiado de coronavirus, una circunstancia que solo valoraron el mismo día que falleció.
“La ausencia de un control y seguimiento de enfermería y médico en la residencia, unido a la falta de activación del protocolo de derivación a centro hospitalario, privaron al residente de una adecuada atención sanitaria y, razonablemente puede concluirse, que influyeron en el fatal desenlace de su enfermedad”, afirma la Fiscalía.
