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La última memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid correspondiente a 2019 recoge que ese mismo año se incoaron en toda la región un total de 4.710 procedimientos sobre la modificación de capacidad de los que más de la mitad (3.325) se transformaron en demandas. De ellas, 2.046 fueron estimatorias.
La atención constante a la protección jurídica de las personas con discapacidad y mayores se ha convertido en una “prioridad”, según se desprende de dicha memoria. De ahí que la adscripción de un médico forense en exclusiva para la sección de discapacidad servirá para que los fiscales puedan agilizar los trámites a la hora de presentar una demanda, ya que contarán con los dictámenes de un experto con conocimientos muy precisos sobre la materia previos a la interposición de la demanda.
María José Segarra, la fiscal de Sala para la Protección de Personas, subraya la importancia que tiene el hecho de que una médico forense haya quedado adscrita “en exclusiva” a la sección de discapacitados para atender todas las necesidades que se derivan de los procesos de tramitación. Esta experiencia “pionera” en Madrid tendrá su continuidad en todo el territorio nacional porque, según Segarra, “este asesoramiento directo es de extraordinario interés por todo lo que supone facilitar y mejorar el servicio de atención al ciudadano”.
La idea de que la sección de discapacidad de las distintas fiscalías puedan contar con un médico forense en exclusiva no es nueva. “Es una aspiración que he escuchado muchas veces a mis compañeros”, explica Segarra. En su opinión, existe una “buena” coordinación entre la Fiscalía y los institutos de medicina legal porque siempre han dado una respuesta “adecuada” a todas las peticiones que se la han cursado. “Ahora bien –precisa-, no es lo mismo poder contar a partir de ahora con alguien que se integre en el equipo y que trabaje siempre con nosotros porque el paso que se ha dado para agilizar algunos temas ha sido muy grande”.
María Teresa Elegido, la médico forense adscrita a la sección de discapacidad, explica que su trabajo va a consistir en la exploración y valoración de personas con una posible discapacidad así como, si fuera el caso, modificar su situación en la que pudiera estar en un momento determinado de cara a transmitir toda esa información a los fiscales “para que la incorporen al procedimiento”. Elegido ya ha podido comprobar de primera mano que existe “bastante” demanda de valoraciones por lo que espera tener en el futuro “otros compañeros que me apoyen”.
La iniciativa para la creación de una plaza en exclusiva de un médico forense partió de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a raíz de una demanda formulada por los fiscales de la sección de discapacidad. “Necesitábamos el amparo y el respaldo en los dictámenes de un médico forense especialista en psiquiatría para poder presentar demandas adecuadas y aquilatadas a la capacidad de una personas y a las modificaciones que puedan surgir y que tendrá que dictar en su momento el juzgado”, afirma. Rodríguez señala que son “muchos” los familiares que acuden a la Fiscalía para que se presente una demanda de incapacidad y que “en algunos casos” no sea una decisión compartida por todos, “de ahí que necesitemos a alguien con experiencia y conocimientos muy precisos que no pueda dar un dictamen para estar seguros de la demanda que vamos a presentar”.
La incorporación de esta médico forense, según Rodríguez, agilizará “en gran medida” la presentación de una demanda porque “en el momento en que haya un compañero que tenga alguna duda acerca de la capacidad, lo pondrá en conocimiento de la médico forense”. Sólo en la ciudad Madrid en 2019 se incoaron cerca de 2.000 procedimientos y el año pasado se llegaron a interponer 646 demandas. Algunas están relacionadas con grandes fortunas. “En estos casos todo se complica aun más cuando se aborda la modificación de la discapacidad de estas personas, por lo que otra de las necesidades que tenemos es la contar con auditores de cuentas que gestiones los patrimonios de esas grandes fortunas”.
Por su parte, el Fiscal Superior de la comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, quiso agradecer el compromiso que “desde el primer momento” tuvo el Instituto de Medicina Legal con sus sugerencias, ya que una de las primeras cosas que ha hecho tras instalarse en su nueva sede ha sido la adscripción de forma “definitiva” de un médico forense al área de discapacidad. Caballero Klink destacó, además, que el acuerdo alcanzado prevé que “a corto plazo” el Instituto de Medicina Legal pueda dotar a la Fiscalía de un segundo médico forense una vez incluya esta plaza en la nueva relación de puestos de trabajo. “Estoy esperanzado con este compromiso que hemos alcanzado porque es esencial para esta Fiscalía”, añadió
