Más de 165 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs y AFAs) de centros públicos de la Comunidad de Madrid han suscrito en un plazo de 24 horas un manifiesto conjunto en rechazo a las instrucciones sobre «neutralidad» remitidas por la Consejería de Educación el pasado 19 de noviembre, en el marco del conflicto educativo y las movilizaciones que mantiene el profesorado madrileño desde hace más de un mes.
Las entidades firmantes critican al Gobierno regional con el argumento de que, «en lugar de negociar con nuestros profesores, impone la censura», y señalan que las directrices dictadas por el departamento que dirige el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso restringen el uso de aulas, canales oficiales y espacios de los centros educativos en relación con la difusión de la huelga.
Mientras el Gobierno regional justifica estas medidas como una garantía de neutralidad institucional, las asociaciones sostienen que suponen una limitación injustificada a la libertad de expresión y participación de la comunidad educativa.
Críticas al sistema de comunicación de incidencias y petición de negociación
En su comunicado, las AMPAs y AFAs expresan su rechazo al procedimiento establecido para comunicar posibles incumplimientos de dichas instrucciones, al advertir de que trasladar avisos sobre supuestas incidencias sin suficientes garantías de comprobación puede generar desconfianza y tensiones entre docentes, equipos directivos y familias. «Las familias no somos vigilantes del profesorado. Somos parte de la comunidad educativa y queremos colaborar con quienes enseñan a nuestros hijos e hijas», recoge el texto.
Asimismo, las asociaciones subrayan que el debate sobre estas instrucciones no debe apartar el foco de las reivindicaciones que originaron las protestas docentes, entre las que citan la adecuación de ratios, la mejora de infraestructuras, la dotación de recursos para atender la diversidad y las condiciones laborales del profesorado. Aunque reconocen las dificultades de conciliación derivadas de una huelga prolongada, responsabilizan al Ejecutivo autonómico de la situación y consideran que las demandas de los docentes repercuten directamente en la calidad educativa del alumnado.
Cuatro reclamaciones a la Consejería de Educación
Ante este escenario, las más de 165 asociaciones adheridas —que mantienen abierto el proceso de adhesión para el resto de entidades de familias de la región— trasladan cuatro peticiones concretas al Gobierno regional y a la Consejería de Educación: la retirada inmediata de las instrucciones de «neutralidad» y de su anexo; la apertura de una negociación con el comité de huelga para abordar las demandas del profesorado; el respeto a los derechos fundamentales de familias, docentes y equipos directivos; y la garantía de que los centros públicos sigan funcionando como espacios de convivencia democrática, diálogo y participación.
