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La incineradora de Valdemingómez continúa arrojando a diario sus gases contaminantes sobre decenas de miles de madrileños a pesar de que su contrato de explotación finalizó el pasado mes de junio. Desde entonces, el Ayuntamiento de Madrid, utilizando la fórmula de convalidación de gasto, prolonga el acuerdo que tenía con Urbaser para su gestión, una situación «poco comprensible» para los colectivos vecinales y ecologistas, que llevan más de dos años solicitando que el nuevo contrato se inserte en el plan de cierre definitivo de la instalación.
«¿Cómo es posible que haya vencido el antiguo contrato de gestión sin que el Consistorio tenga listo el nuevo ni haya desvelado aún su propósito respecto a la incineradora?» se preguntan Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), entidades que componen la llamada Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez.
«¿Por qué no ha hecho aún sus deberes el Ayuntamiento? ¿Por qué no es más transparente en un tema tan sensible para la población como este?», inciden. El pasado 13 de mayo, las citadas organizaciones se reunieron con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio, Borja Carabante, el coordinador general de Medio Ambiente, José Antonio Martínez Páramo, y la directora gerente del Parque Tecnológico de Valdemingómez, María José Delgado, con el fin de abordar el futuro de la incineradora y la estrategia de residuos de la ciudad. En el encuentro, entre otras cosas, las dos partes acordaron fijar una reunión para evaluar el borrador del nuevo contrato en cuanto el documento estuviese listo. Han pasado casi 6 meses y los colectivos sociales siguen a la espera.
Aunque Carabante no se ha comprometido en ningún momento a seguir el plan de clausura de la incineradora de la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos 2018-2022 aprobada por el equipo de Gobierno precedente, que incluye la reducción de sus emisiones en un 50% en 2023 para cerrarla dos años después, tampoco se ha opuesto en rotundo a cumplir estos objetivos, ni públicamente ni en las reuniones que ha mantenido con los representantes de la Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez.
Por eso, este espacio mantiene aún esperanzas de que el nuevo contrato de la instalación «recoja medidas encaminadas a rebajar su actividad, con el objeto de que esta desaparezca por completo en 2025».
«Y es que a día de hoy no tiene sentido perpetuar un sistema de reducción de residuos tan arcaico, poco eficiente, caro y sobre todo, peligroso para la salud y el medio ambiente como la incineración», exponen.
«Recordemos que las emisiones de instalaciones como la de Las Lomas, en Valdemingómez, contienen bencenos y metales pesados, además de dioxinas y furanos, compuestos químicos muy perdurables en humanos», añaden.
«Estos últimos forman parte de los llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes, y están relacionados directamente con el incremento del riesgo de contraer diversos tipos de cáncer y enfermedades graves, como el linfoma no Hondgkin y malformaciones congénitas».
El Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III concluyó en 2012 que “existe un incremento significativo del riesgo de muerte por cáncer en las localidades próximas a incineradoras e instalaciones para la recuperación o eliminación de residuos peligrosos” y un estudio de evaluación de la incidencia para la salud de las emisiones procedentes del parque Tecnológico de Valdemingómez publicado por el Ayuntamiento de Madrid en enero de 2019 reveló que los valores de dioxinas y furanos detectados en el Ensanche de Vallecas, el barrio más próximo a la instalación, triplican los obtenidos en la calle Montesa del distrito de Salamanca.
