La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha dirigido un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que se pronuncia en contra de la admisión a trámite de una querella de Abogados Cristianos contra el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en el que se le imputa un delito de revelación de secretos con la agravante de discriminación.
Los hechos denunciados ocurrieron el pasado mes de noviembre, después de que Aguado hiciera pública, en rueda de prensa, información protegida relacionada con la multa de 20.001 euros impuesta a una coach que realizaba terapias para «curar» a LGTBI.
Desde Abogados Cristianos señalaron que “revelar públicamente las cantidades y tipos de sanción impuestas a un particular por la administración está prohibido por ley”. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, criticó que “lo que no es aceptable es que Aguado en rueda de prensa haga algo ilegal para sacar rédito electoral ante algunos lobbies LGTBI”.
El representante de la Fiscalía de Madrid alega que en los hechos denunciados no existe “indicio alguno” que lleve a pensar en la existencia de dicho delito. La Fiscalía afirma que del “mero” relato de los hechos recogidos en la querella se deduce que no tiene el encaje penal que alega. Ni siquiera aprecia la existencia de un delito de injurias.
En su escrito explica que, “en realidad”, lo que plantea el querellante “es el daño o lesión que en su prestigio profesional y en su estimación personal le ha producido la difusión en rueda de prensa de la idea de que considera a la homosexualidad como enfermedad y aboga por terapias no respetuosas con el colectivo LGTBI, al hilo de la sanción que le ha sido impuesta por infracción de la ley que lo protege y justamente unida a las afirmaciones reprochadas”.
Sin embargo, el Ministerio Público pone de manifiesto que durante la rueda de prensa ofrecida por Aguado no se descalifican las ideas de la coach “sino que la referencia lo es a sus comportamientos”, En cualquier caso añade que en el vídeo no se cita personalmente a la mujer, “sino que se expone que en el Consejo de Gobierno que se acaba de celebrar y al que corresponde la rueda de prensa, se ha autorizado la primera sanción impuesta a consecuencia de la ley citada y que hay otros expedientes en tramitación”.
Es más, la Fiscalía subraya que en ninguno de los documentos que acompañan a la querella “hay alusión a la persona de la querellante ni a datos que la puedan identificar, por lo que no concurre indicio alguno de infracción penal en el querellado, careciendo la acción penal ejercitada del mínimo fundamento probatorio e incidiendo así de plano en la inadmisión”.
