Segunda y tercera fase

A finales de febrero estarán operativas las siguientes 14 viviendas que componen la fase 2 del proyecto, que podrán albergar a 140 personas, y cuyo transporte, remate y adaptación se está ejecutando en paralelo a la fase 1.

Las últimas seis viviendas, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida, estarán listas a finales de marzo y darán cabida a 58 solicitantes de asilo. Esta tercera fase será íntegramente costeada por el Ayuntamiento, que ya ha encargado los módulos necesarios. Además, el Consistorio se hará cargo de la compra e instalación de un nuevo módulo de acceso que evitará pagar el alquiler del módulo temporal.

Una vez finalizadas las tres fases, el centro contará con un total de 32 módulos de acogida que darán cabida a 294 personas y un módulo de acceso. Para la ejecución de estas actuaciones, la Comunidad de Madrid ha cedido 26 módulos.

El coste total del equipamiento será de aproximadamente 2,5 millones de euros. A esto hay que sumar la cantidad de 4,8 millones anuales estimada para el contrato de gestión del servicio que correrá a cargo del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, por lo que la inversión prevista para 2020 asciende a 7,3 millones de euros.

El Ayuntamiento de Madrid exige responsabilidad al Gobierno central

La creación del centro de emergencia se produce, según el Consistorio, «tras la incapacidad del Gobierno central en el cumplimiento de sus competencias respecto a los solicitantes de asilo».

«Aunque la acogida de estas personas es responsabilidad de dicha administración, el Ayuntamiento decidió impulsar la construcción de un centro temporal destinado a familias ante la situación social creada», inciden.

En este sentido, Aniorte envió en enero una carta al recién nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que reclama una reunión urgente que aborde la situación de las familias solicitantes de asilo.

El centro permitirá dar alojamiento a las familias de solicitantes de asilo que lo precisen durante un periodo de entre 15 y 30 días, transcurrido el cual pasarán a instalaciones del Gobierno central. El perfil de los usuarios y este carácter rotatorio permiten asegurar que no se creará un foco de marginalidad en la zona.