La Sala Tercera Tribunal Supremo ha anulado la venta en 2013 por parte del Gobierno de Ignacio González (PP) de 32 promociones inmobiliarias, compuestas por 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA a un fondo buitre por algo más de 200 millones de euros.
Esta anulación ha sido como consecuencia de la inadmisión a trámite los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y la sociedad entre Goldman Sachs (fondo de inversión que financió la operación) y Azora (adjudicataria de esas viviendas sociales) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró nula la operación el pasado mes de junio.
El TSJM argumentó en su sentencia que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) no pudo justificar de forma debida que las viviendas vendidas «ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan», tratándose de algo que exige la Ley.
Según en el auto del Supremo, «si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política, no se ha justificado debidamente» que esas viviendas sociales vendidas «no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA».
«Esta cuestión no ha sido tratada en la sentencia de apelación recurrida que confirma el fallo de la sentencia del Juzgado que contiene un doble pronunciamiento anulatorio: uno, respecto de la enajenación de las 32 promociones (que deja sin efecto) y, otro, respecto de la concreta transmisión de la propiedad del recurrente», expone el Tribunal Supremo.
«En efecto, los términos en los que se formula la cuestión de pretendido interés casacional objetivo evidencian la carencia de interés casacional del asunto pues, en realidad, no se pretende el matiz, la precisión o la concreción de la doctrina sobre el control de la discrecionalidad administrativa, sino la corrección de la aplicación de dicha doctrina por la Sala de instancia al caso concreto, de orden netamente casuístico», concluye la sentencia.
Esta resolución del Alto Tribunal es la respuesta última al procedimiento judicial iniciado en agosto de 2013 por Rachid Bouikou, uno de los afectados por la venta de estas viviendas sociales.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid sentenció a su favor en mayo de 2018 y anuló tanto la venta de las 32 promociones como la trasmisión del contrato de arrendamiento de su vivienda a la sociedad Encasa Cibeles, participada por Azora y Goldman Sachs.
Un año después, ya en mayo de 2019, el TSJM desestimó los recursos de la Comunidad de Madrid y de Azora, confirmando esta decisión. Y ahora, tras los recursos de los mismos, el Tribunal Supremo lo vuelve a confirmar.
