El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se ha felicitado de que las autoridades de Brasil hayan acordado la extradición a España de Carlos García Juliá, detenido el pasado diciembre como uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha ocurrida en 1977.
En enero de este año, el decano José María Alonso anunció que el ICAM estaba analizando las fórmulas jurídicas para poder solicitar o colaborar en la extradición de este asesino. Lo hizo en el curso de su presencia en el homenaje organizado por la Fundación Abogados de Atocha.
En aquella ocasión, el decano Alonso se refirió a la necesidad de llevar a cabo un acto de denuncia y de reivindicación: “de denuncia de los hechos luctuosos y repudiables que nunca podremos olvidar, y de reivindicación del derecho de defensa, porque cuando es respetado y protegido en toda su extensión opera como verdadero signo de vitalidad democrática y como auténtico termómetro de la calidad del Estado de Derecho”, señaló.
El crímen y la huída
Un comando ultraderechista al que pertenecía Carlos García Juliá entró en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CCOO) y militantes del Partido Comunista de España (PCE) situado en el número 55 de la calle de Atocha y abrió fuego contra los allí presentes, matando a cinco personas y dejando heridas a otras cuatro.
Tras el crimen, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido el día 11 de marzo de aquel año. Ingresó en prisión hasta la celebración del juicio y fue condenado por la Audiencia Nacional. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España. Desde entonces, se mantuvo desaparecido al no comparecer ante un requerimiento judicial formal producido en diciembre de ese año.
Su detención se produjo finalmente el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Sao Paulo gracias a las investigaciones realizadas por la Policía Nacional junto con agentes brasileños y el apoyo de la Consejería de Interior de España en Brasil y la Oficina Central Nacional de Interpol en Madrid. El arrestado tenía una reclamación judicial en vigor para su búsqueda, detención e ingreso en prisión.
Utilizaba una identidad falsa
Desde su desaparición en territorio boliviano, la Policía Nacional siguió diferentes vías de investigación. Todas ellas situaban al fugitivo en territorio sudamericano, aunque resultó imposible determinar la identidad que estaba utilizando debido a las extremas medidas de seguridad que empleaba. Se detectó su presencia en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de terceras personas. No dudaba, incluso, en tomar vuelos para desplazarse por estos territorios.
En el año 2017, se emitió una orden internacional de detención y fue entonces cuando se iniciaron gestiones más intensas para dar con su paradero. Esas investigaciones determinaron que podría encontrarse en territorio brasileño, concretamente en la ciudad de Sao Paulo, donde residiría fugado de la Justicia española bajo la identidad de un ciudadano venezolano.
En julio de 2018, la cooperación internacional y el constante intercambio de información entre los cuerpos policiales permitieron a la Policía Federal de Brasil detectar a García Juliá. Tras comunicarlo a la Policía Nacional española, se iniciaron las gestiones de solicitud para su extradición. Al realizar las comprobaciones oportunas y cotejar las huellas dactilares, se determinó que se trataba de la persona buscada, por lo que se iniciaron las gestiones documentales para ejecutar su detención y extradición a España.
