La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años y nueve meses de prisión a Rubén P. como autor responsable de un delito continuado de estafa agravada, un delito continuado de falsedad en documento mercantil, un delito de falsedad y dos delitos de hurto cometidos al aprovecharse económicamente de su tío abuelo, de 94 años de edad.
La Sala ha considerado suficientemente acreditado durante la vista oral del juicio que el ahora condenado hizo firmar en junio de 2011 a su tío abuelo, meses antes de que éste falleciera, un apoderamiento escrito privado que le facultaba a efectuar todo tipo de consultas y movimientos bancarios en las cuentas corrientes del perjudicado.
Así, entre el 20 de junio de 2011 y el 15 de agosto del mismo año, Rubén efectuó hasta 29 operaciones bancarias en las que se apoderó indebidamente de una cantidad total que asciende a 104.447,67 euros de la cuenta de su tío abuelo en el Banco Santander y de 189.500 euros de la del BBVA.
Además, en un momento determinado, aprovechando que el anciano se encontraba postrado en una silla de ruedas en su domicilio de Madrid debido a una caída sufrida en la residencia de Torrelodones, donde vivía, y que requirió una intervención quirúrgica, el acusado se apoderó de diversos objetos propiedad de la víctima. Entre los enseres sustraídos se encontraba un televisor y joyas que pertenecieron a la esposa de la víctima, también fallecida, junto con otros efectos personales.
El tío abuelo del procesado falleció en la citada residencia el 20 de noviembre de 2011, meses después de los hechos descritos. El tribunal considera en la resolución que “la prueba documental es apabullante” y, además, el procesado confesó ser autor de todos delitos descritos.
Por otro lado, los magistrados declaran la responsabilidad civil subsidiaria de BBVA, por importe de 140.642,68 euros, y del Banco del Santander, por importe de 76.878,60 euros, más intereses legales. Sin embargo, los empleados de esas entidades financieras han sido absueltos libremente.
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la competente en asuntos de naturaleza penal.
