Los responsables de Movilidad de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y A Coruña se han reunido en el día de hoy en la capital valenciana para presentar un anteproyecto de ley que han preparado con el objetivo de lograr una Ley de Financiación del Transporte Público por parte del Estado.

A este encuentro han acudido, como representantes madrileños, la delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Álvaro Fernández Heredia.

Los ayuntamientos de estas cinco ciudades, entre las diez más pobladas de España, responden así a la propuesta apoyada de forma unánime por los grupos en la Comisión de Fomento el pasado mes de septiembre en la que se instaba al Gobierno a crear una mesa que analice la financiación del transporte público urbano.

Los responsables de Movilidad de estas ciudades tienen como objetivo obtener un marco legislativo y financiero que regule la financiación del servicio público de transporte colectivo urbano y metropolitano, es decir, que la financiación del transporte se fije por ley y no dependa de la voluntad presupuestaria del gobierno de turno.

Este documento, consensuado entre los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Zaragoza, busca un marco normativo que «regule el traspaso de recursos a las entidades locales competentes en materia de transporte urbano y metropolitano, recogiendo obligaciones derivadas del traspaso, orientadas a maximizar una movilidad ambientalmente sostenible, integrada, intermodal, interoperable, segura, tecnológicamente avanzada, eficiente y con los más elevados estándares de calidad para los ciudadanos».

La propuesta exige «una mayor implicación del Estado a la hora de financiar el transporte público como palanca de la transformación ecológica y como futuro de las ciudades. Se estima que es necesario dedicar un 0,25% del PIB nacional al transporte público». Para ello establece un marco regulatorio y un nuevo régimen tributario que permita generar recursos para las entidades titulares del servicio público de transporte y también la implicación del sector privado en la financiación.

De manera paralela, el anteproyecto de Ley planteado por estas cinco urbes, busca «garantizar la reducción de emisiones de efecto invernadero derivadas de la movilidad urbana en vehículos privados a motor de combustión, como única vía de lucha eficaz contra el calentamiento global».

Las capitales postulantes pretenden, en este sentido, que el Estado se implique más en el proceso de transición ecológica mediante un apoyo decidido al transporte público, como ocurre en otros grandes países europeos como Alemania o Francia.


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