El pasado 16 de septiembre se cumplieron dos años de la municipalización de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid. La gestión de la empresa que se consideró en su día como el primer banco de pruebas del Consistorio dirigido por Manuela Carmena, «en su apuesta por recuperar la gestión municipal de los servicios públicos, no ha respondido a las expectativas que albergaba la plantilla, ni a su juicio tampoco, a lo que la ciudadanía de Madrid merece», en opinión de CCOO, sindicato mayoritario en la empresa.
La dirección de la empresa, presidida por el delegado de Salud y Seguridad Ciudadana, Javier Barbero, y que aún cuenta con Carlos Sánchez Mato, ex delegado de Economía y Hacienda y principal artífice del “milagro de la Funeraria” como vicepresidente, tal y como anunció la semana pasada a la representación de la plantilla, en una reunión del Comité de Dirección exigida por este sindicato, «ha decidido unilateralmente incorporar otro responsable a la plantilla, con un nuevo contrato de alta dirección. Ya van seis, sin pasar ningún proceso de selección previo».
CCOO expone que se vio obligado a «renunciar a la participación en los procesos de contratación externa, ante la absoluta discrecionalidad de los nuevos responsables de la empresa en los procedimientos, diseño de perfiles, pruebas y requisitos a la hora de contratar, en especial altos cargos, y la sospechosa cantidad de promociones internas que quedan desiertas, y el incumplimiento del compromiso que adquirieron con esta organización sindical para la consolidación del empleo temporal que existía en la anterior empresa».
Recuerda el sindicato que «todavía quedan 23 trabajadores que continúan trabajando encadenando contratos temporales e incluso algunos se quedaron en la calle».
«En cuanto a la supuesta eficiencia en la gestión, la nueva empresa que partía por su condición de pública 100% con unas ventajas considerables respecto al anterior modelo, ni ha conseguido el objetivo de recuperar el 40% de la cuota de mercado que se propuso en 2017, ni parece probable que lo cumpla en 2018», exponen.
Se constata, con los últimos datos facilitados por la propia dirección, la consolidación de la caída de los servicios básicos y el aumento de los servicios procedentes de otros municipios o de otras funerarias, servicios de mucha menor rentabilidad.
Asimismo, a pesar del repunte en la actividad de este último mes de septiembre, no se cree que se recupere la facturación del año 2015, y que alcanzó los 51 millones. Tampoco los 11.248 servicios que realizaron entonces y que en 2017 se redujeron en un casi 14%.
«Especialmente doloroso es que el número de trabajadores y trabajadoras en plantilla haya pasado de 525 en 2015 a 500 a día de hoy, y 77 de ellos con contratos temporales. Reducción de personal que denuncian influye directamente en los retrasos de más de cuatro horas que se están produciendo en muchas ocasiones en la recogida de las personas fallecidas, y que nada tiene que ver con la calidad en el servicio que prometían a la ciudadanía madrileña», critican desde CCOO.
CCOO también se muestra muy preocupado por «la política de externalización de servicios y trabajos. El pasado mes de marzo, tras la denuncia de este sindicato, la empres tuvo que dar marcha atrás a su decisión de privatizar el servicio de floristería del Tanatorio Sur, trabajo desarrollado principalmente por mujeres».
El sindicato, que «dio la bienvenida a la reversión de la sociedad a una empresa pública íntegramente de capital municipal y que sigue apostando por este modelo, y reconoce el esfuerzo hecho por el Consistorio en materia de inversiones, imprescindibles por el abandono a este respecto de la etapa anterior», insta al Gobierno Municipal a que traslade a la actual dirección de la empresa «su voluntad firme para a mejorar la transparencia y fomentar la participación de de los representantes de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de los recursos humanos».
Finalmente CCOO anuncia que trasladará a la plantilla un calendario de movilizaciones «si la empresa sigue torpedeando, tras dos años de negociaciones, la firma del convenio colectivo».
Concluyen señalando que “es inadmisible e injustificable que la dirección pretenda mermar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, cuando solo cabe esperar la recuperación de lo perdido durante los años de crisis, tal y como se está haciendo con el conjunto de los empleados públicos”.
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