CCOO de Madrid apoya a los cooperativistas y se reunirá con las instituciones para tratar de desbloquear la situación.
CCOO de Madrid y Vitra, la cooperativa impulsada por el sindicato, ha informado este jueves de la situación de 172 familias que ven en peligro el futuro de sus viviendas protegidas en el distrito de Villaverde (zona Parque Ingenieros). En la rueda de prensa, celebrada en la sede de CCOO de Madrid, han comparecido el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, el presidente de Vitra Madrid, Francisco Naranjo, y una representación de los cooperativistas afectados.
En el año 2011 SEPES, empresa instrumental perteneciente al Ministerio de Fomento vendió mediante concurso público a la Cooperativa VITRA, una parcela para hacer 172 viviendas protegidas de precio básico (VPPB).
La parcela se escrituró a favor de la cooperativa que pagó lo previsto en el contrato, el cinco por ciento del precio y el resto tenía que abonarlo en dos plazos, antes de finalizar 2013, más un millón de euros por la totalidad del IVA.
Por medio la crisis se llevó por delante a Bankia que tuvo que ser rescatada y nacionalizada. Esta era la entidad con la que VITRA tenía convenido el préstamo hipotecario, según aportó documentalmente en la oferta del concurso. El resultado es que, al quedarse sin financiación, no pudo realizar los pagos previstos.
La Cooperativa propuso diversas formas de pago más flexibles: entre ellas, cuatro años en lugar de dos, que no fueron aceptados por SEPES. Durante este tiempo ha habido un “limbo” en el que, en el registro de la propiedad consta inscrita a favor de VITRA, pero se adeuda el pago de lo restante.
A mediados de 2017, la Cooperativa consiguió la disposición económica, mediante la aprobación de la financiación por CAIXABANK, más las cantidades aportadas por las 172 familias, y comunicó a SEPES su disposición para pagar la totalidad. La construcción está prevista con Ferrovial Agromán, S. A.
Sin embargo, SEPES, en lugar de coger los más de seis millones del importe pendiente, respondió con una demanda judicial por incumplimiento de plazos para recuperar el suelo. A su vez la Cooperativa, envió escrito reiterando la solicitud para abonar la totalidad mediante su pago ante Notario levantado así la condición resolutoria.
El hecho es que las 172 familias, todas cumpliendo las condiciones de acceso para viviendas protegidas, no entienden «por qué SEPES no quiere cobrar y pretende recuperar el suelo dejándoles sin sus futuras casas, judicializando el asunto cuya resolución se prolongaría por años».
«Realmente no hay una respuesta que pueda acreditarse a por qué SEPES y el Ministerio de Fomento no aceptan el cobro. Sin embargo, durante este tiempo, en la misma urbanización, SEPES, adjudicó a “PLAINFLIED SPAIN, S.L.”, único licitante, propiedad del fondo “ALQUILA CAPITAL” y de una sociedad gestora cuya sede está en el mismo edificio de la Castellana que SEPES, y que, actualmente, es propiedad de otro fondo: CERBERUS», explican.
Desde CCOO denuncian que «las condiciones del pliego de ese concurso parecían hechas a medida: un solo lote de 9 parcelas, lo cual hizo imposible, por su monto económico, la concurrencia de promotoras o cooperativas. Las condiciones del pago que daban eran de un plazo de cinco años. Cinco años es un plazo aún mayor que el que había solicitado VITRA y que fue rechazado».
Añaden que «cabría pensar que el Ministerio de Fomento quisiera recuperarlo para sacar plusvalías en un momento de subida de precios de los terrenos edificables en Madrid. Sin embargo, al ser terrenos para vivienda protegida, una nueva venta debería tener un precio similar puesto que el “precio del módulo” no ha tenido variación y no debiera haber más plusvalías. Eso sin contar con que SEPES, como empresa pública instrumental del Ministerio tiene, entre otros como razón de ser, facilitar terrenos para destinarlos a fomentar la vivienda entre los que lo necesitan».
En el último período ha habido conversaciones con el Ministerio y «nos dan buenas palabras pero el hecho es que el tiempo pasa y no sólo las familias necesitan las viviendas, sino que la construcción está subiendo y cada día de más es un posible perjuicio».
«La lógica apunta a que si SEPES acepta el cobro de lo adeudado, todos salen ganando. La empresa pública cobra más de 6 millones y las 172 familias pueden comenzar con la construcción de sus viviendas», han concluido.
