El Defensor del Pueblo critica la demora de 7 años en la investigación de la muerte de una mujer en el CIE de Aluche

Este mes de marzo el Defensor del Pueblo ha hecho entrega del informe anual que recoge su gestión de las actividades y actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2017.

Este mes de marzo el Defensor del Pueblo ha hecho entrega del informe anual con las actividades y actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2017. Entre ellas se recoge la referencia, un año más, a la actuación iniciada en diciembre 2011, ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, tras la queja presentada por la organización no gubernamental SOS Racismo en la que informaba de la muerte por meningitis de Samba Martine, una inmigrante de 41 años y del Congo, en el CIE de Madrid, situado en Aluche, en el madrileño distrito de Carabanchel.

El auto de apertura del juicio oral finalmente se dictó el 13 de marzo de 2017 y el ministerio fiscal formuló conclusiones absolutorias el 29 de marzo de 2017. En el momento de elaboración del presente informe el proceso continúa pendiente de que se termine de notificar dicha resolución. Esta demora en la instrucción del procedimiento, cercana ya a los siete años, constituye un motivo de preocupación para el Defensor del Pueblo, por lo que se continuará realizando un seguimiento hasta su finalización.

Han continuado las actuaciones iniciadas, tras la visita realizada al CIE de Madrid los días 26 y 27 de octubre de 2016. La Fiscalía Provincial de Madrid informó de que en las Diligencias Previas 2766/16 del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, el ministerio fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de la causa en septiembre de 2017, al no constar debidamente acreditada la realidad de los hechos denunciados, ni haber datos suficientes para imputarlos a persona o personas determinadas. El juzgado acordó el sobreseimiento el 20 de octubre de 2017.

En relación con la tramitación de las Diligencias Previas 2764/2016 del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, solo cuatro de los participantes en el motín fueron localizados y citados a declarar en el juzgado en calidad de investigados. El 30 de septiembre de 2017, el ministerio fiscal solicitó al juzgado que se dictara auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado. Continúan abiertas las actuaciones para conocer el curso del procedimiento, de lo que se dará cuenta en el próximo ejercicio anual.

En agosto de 2017 se realizó una nueva visita al centro tras denunciar varios internos que habían sido objeto de malos tratos por parte de funcionarios de policía, en el transcurso de unos incidentes producidos la noche del 31 de julio.

En el informe de la fiscalía se indica que las quejas planteadas por los internos dieron lugar a la incoación de los correspondientes expedientes en el Juzgado de Instrucción número 19 en funciones de control del ClE, ante el que los internos afectados prestaron declaración y fueron reconocidos por el médico forense. Posteriormente el juzgado remitió todo lo actuado al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid para su reparto e incoación de las correspondientes diligencias previas.

La asociación SOS Racismo interpuso denuncia ante el juzgado de guardia en fecha 1 de agosto de 2017 por las presuntas agresiones sufridas por uno de los internos, de origen marriquí, que dio lugar a las Diligencias Previas 1753/17 del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid.

EI juzgado dictó auto de incoación y sobreseimiento provisional que fue recurrido por la denunciante, y al que en fecha 5 de septiembre de 2017 se adhirió el ministerio fiscal, quien solicitó la práctica de diligencias para la averiguación de los hechos acaecidos esa noche con respecto a los internos supuestamente afectados. Se ha solicitado informe ampliatorio a la fiscalía, que aún no se había recibido en el momento de elaboración del presente informe.

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