por Juan Pedro Rodríguez Hernández
En las últimas semanas diferentes colectivos han realizado actos informativos sobre la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), ya fuesen sindicatos o partidos políticos. En el caso concreto de los socialistas, con la organización de un acto abierto en Getafe, con la participación de dos miembros de la ejecutiva regional, José Antonio Díaz (responsable de área de Cohesión e Integración) y Olga Salido (responsable de Universidad), del portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid Juan José Moreno y del responsable de JSM, Javier Guardiola. Sin olvidar las intervenciones de José Manuel Franco, Ángel Gabilondo y Sara Hernández.
Soy de la opinión de que lo que mal comienza mal acaba, y eso es lo que pienso de la LEMES de Cifuentes. Una propuesta de Ley que toma como punto de partida para su elaboración una serie de reuniones a las cuales no se sabe bien quienes ni como asistieron, todo un alarde de transparencia. Un proceso oscuro, lleno de contradicciones y testimonios diferentes, para llegar a un texto limitado y que no cubre los objetivos que espera la sociedad de una reformar del sistema universitario y sus problemas. Ya hace un par de meses, en el Congreso del PSOE de Madrid, en cuestiones de universidad y educación, temáticas en la cual fui el ponente de dicho Congreso, se señalaban muchas prioridades, desde una visión completa y real de la universidad, de su relación con la sociedad y la regulación de las universidades, entre otras muchas cuestiones. Y es que los socialistas no tenemos miedo a una ley sobre el Espacio Madrileño de Educación Superior, pero tiene que ser una ley útil, que tome como partida la correcta identificación de los problemas, que tome como partida el diálogo, que mejore realmente su calidad, garantice la estabilidad financiera, mejore la democratización de las universidades, solucione los problemas de precariedad de personal laboral, la situación de los becarios y regule bien las ayudas o becas. Así no solo lo defendemos los socialistas madrileños, sino los diferentes colectivos y la propia Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) a través de diferentes informes en los cuales, por cierto, explican las fuertes carencias e insuficiencias de la LEMES.
Eso hace que algunas fuerzas políticas, como el PSOE en la Asamblea de Madrid, tengan planteada la enmienda a la totalidad, pero también enmiendas parciales. Muchas de estas vienen de la colaboración y sugerencias de diferentes colectivos de la universidades. Cosas de la vida, los mismos colectivos que deberían haber sido llamados para la elaboración del documento, y que sin embargo no lo fueron. Se trata de diálogo, de consenso, y de comenzar bien las cosas.
La LEMES no pretende dar respuesta a los problemas del sistema universitario madrileño, sino incidir en solo dos o tres aspectos hasta la obsesión. Por ejemplo, se obsesiona con la cuestión de la evaluación de las universidades, vinculando todo a eficiencia y rentabilidad, no al servicio que se espera de las universidades como tal. Sobre todo vincula a esos dos términos la elaboración de unos rankings que marcan la financiación posterior de las universidades. Pero no da armas a las universidades para que mejoren las universidades que se queden rezagadas, sino que solo ayuda a las que sean capaces de superar esos listones, con lo cual las diferencias entre unas y otras serán más marcadas, ya que a mejor puntuación mejor financiación; entonces las que salgan peor paradas en esos rankings tendrán menos financiación y no solo no mejorarán sino que irán empeorando. Lo que es hacer un sistema universitario partido en dos, entre universidades fuertes y otras flojas. Y de sobra sabemos cuál es el objetivo sobre cuáles deben ser las universidades que salgan fuertes para Cifuentes, las privadas. Las que reciben más financiación externa de empresas y además son más controlables por las mismas.
También evalúa a las universidades por su capacidad de investigación pero de manera muy ligada a lo antes expuesto, la intervención del mundo empresarial. Tanto que la LEMES estipula cuestiones de gobernanza o al menos de control a la creación de un Consejo Académico externo, posiblemente vinculado a empresas, y de la entidad Madrid+D. En mi opinión es escaparse al control directo de las entidades estrictamente públicas. Eso lleva a que ya a corto plazo se fomente que las universidades privadas, vía financiaciones externas y de lobbies, puedan mejorar sus instalaciones, y por tanto en el ranking ganen en esta cuestión de investigación. Es decir, una ley de investigación de élites, de los que se puedan para el acceso a estas universidades, y en cierta manera así lograr cumplir el objetivo del gobierno Cifuentes para que las universidades privadas salgan bien paradas y mejor financiadas. Es decir, todo un caballo de Troya en el sistema universitario madrileño.
Cuando precisamente lo que se necesita el sistema, y en concreto lo necesitan las universidades públicas madrileñas, son compromisos presupuestarios para que durante varios años se garantice la estabilidad financiera y así la propia gestión interna de las universidades.
Por ello es una ley que no es útil en la mejora del sistema universitario madrileño. Lo que necesitamos los madrileños es una ley que tome como punto de partida el diálogo entre los diferentes sectores y especialistas y que realmente trate de los problemas y aporte soluciones. Porque lo que mal comienza mal acaba, y la LOMCE comienza de unas reuniones a las que no sabemos quienes ni como fueron.
