Los grupos municipales de Madrid acuerdan impulsar el cumplimiento de la Ordenanza de Transparencia

  • La comisión solicitará un informe a los responsables que no están publicando la información municipal obligatoria para conocer por qué y cuándo tienen previsto ofrecerla.
  • Hasta el 31 de octubre de 2017, se han tramitado 1.544 expedientes de acceso a la información pública en el Ayuntamiento de Madrid, 2016 cerró con 723 solicitudes.
  • Un 73% de resoluciones ante las reclamaciones de las personas que hacen solicitudes de acceso a la información se resuelve en un mes, el plazo establecido.

La aplicación de la Ordenanza de Transparencia, la norma que regula la rendición de cuentas de la Administración de la ciudad de Madrid desde agosto de 2016, continúa a buen ritmo. Así se desprende de los datos presentados en la Comisión de Seguimiento que vela por su cumplimiento donde se ha hablado, entre otros temas, de la evolución de las obligaciones de publicidad activa de información pública que entraron en vigor el pasado 17 de agosto.

Del total de 182 contenidos que hay que publicar en formato abierto y reutilizable, recogidos en el Catálogo de Información Pública, 134 ítems (un 73%) ya está publicado; 56 están en proceso de ofrecerse; 17 ítems corresponden a datos que no se han producido; se está estudiando mejorar 12 contenidos y tan solo 9 no se han iniciado.

Así, los grupos municipales han acordado solicitar un informe a los responsables de la publicación de la información (directores generales y concejales, principalmente), para conocer la razón del incumplimiento y la fecha prevista para su publicación. En función de la respuesta, la comisión decidirá qué otras medidas se adoptan.

Entre los contenidos que el Consistorio se ha comprometido a publicar hay datos como las sanciones sobre limpieza y zonas verdes; las toneladas y tipo de residuos que se recogen en la ciudad; los sueldos y las declaraciones de bienes y actividades de la alcaldesa y concejales; los gastos protocolarios y de viajes; las licitaciones y los contratos menores y toda la huella normativa (documentación que conforma y acompaña la elaboración de las normas municipales).

La Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia, un  órgano colegiado que actúa con autonomía, es el primero de esta naturaleza que existe en España por el tipo de facultades que posee (por ejemplo, la propuesta de cese de titulares de órganos directivos) y publicará, además, los informes que en ella se debatan.

A esta primera sesión tras su constitución, que se ha celebrado en la sede del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, han acudido los concejales Carlos Sánchez Mato y Pablo Soto (Ahora Madrid), Percival Manglano (PP), Ramón Silva (PSOE) y Silvia Saavedra (Ciudadanos). También el director general de Transparencia como vicepresidente, Javier Moscoso, y el subdirector general de Transparencia como secretario, Joaquín Meseguer.

Evolución de las solicitudes de acceso

Hasta el 31 de octubre de 2017, se han tramitado 1.544 expedientes de acceso a la información pública en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que está previsto que 2017 cierre con un incremento de un 30% respecto al año anterior, que finalizó con 723 solicitudes (alrededor de una quinta parte de las que se presentan ante la Administración General del Estado al año).

Durante la comisión se han expuesto algunas medidas para conseguir reducir los tiempos medios de resolución de las solicitudes de acceso y mejorar la calidad de las respuestas, como emitir informes simples de forma automatizada o simplificar la tramitación electrónica del procedimiento.

Otro de los resultados expuestos ha sido el de la tramitación de las reclamaciones que presenta la ciudadanía a algunas resoluciones de solicitudes de acceso dictadas por el Ayuntamiento de Madrid.

Se ha apuntado que, el hecho de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal haya asumido esta competencia, “está sirviendo como estímulo” para mejorar los tiempos de resolución y  poder cumplir con el plazo de un mes establecido. Así, el porcentaje de resoluciones dictadas en plazo en lo que llevamos de año ha sido de un 73%, frente al 66% de 2016.

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