El sindicato ha presentado un recurso administrativo en el día de hoy, primero lectivo después de que se remitiera el pasado viernes 5 de mayo, después de las 2 de la tarde, a los centros educativos de la Comunidad de Madrid por correo electrónico desde la Consejería, una Resolución firmada por las dos viceconsejeras que resulta ser la primera disposición sobre las pruebas, a dos días lectivos de su inicio.
CCOO ya denunció el pasado 26 de abril «que se estaba evitando publicar la Resolución relativa a estas pruebas para eludir la contestación por parte de la comunidad educativa, y ahora vemos con gran indignación que, si bien finalmente in extremis existe dicha resolución, no se ha publicado en boletín oficial ni web alguna».
Los motivos en los que se basa el recurso y se pide la nulidad total y suspensión de las pruebas son los siguientes:
- Contenido imposible por imposibilidad material de cumplir los plazos y trámites que la propia resolución establece.
- Ausencia de garantías en las comunicaciones y notificaciones a través de una índole de plataforma que no está previamente establecida ni regulada, ni cumple con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
- Obligación de cumplir con órdenes y realizar actuaciones que no estaban establecidas ni reguladas la semana anterior, de lo cual ya se advirtió al Consejero mediante nota de prensa de 26 de abril.
- Obligación a los centros de correr con los gastos de impresión y fotocopias de los exámenes, lo cual es especialmente grave para los centros públicos, pues la Consejería no les transfiere las cantidades para gastos de funcionamiento, lo que ocasiona que estén en números rojos. Y esto, mientras a la empresa a la que se ha adjudicado la organización de las pruebas se le abonan más de 330.000 euros.
- Obligación de realizar un trabajo extra al profesorado que obligatoriamente corregirá las pruebas sin contraprestación dineraria ni de ningún tipo.
- Ausencia de negociación con los representantes de los trabajadores, a pesar de que sus condiciones laborales (carga de trabajo, horarios…) se verán notablemente gravados por las pruebas.
- Vulneración del principio de publicidad, de transparencia y de buen gobierno, pues al no haber publicado la resolución se dificulta e incluso imposibilita la información y el ejercicio de derechos fundamentales como el de protesta o el de impugnación.
- Vulneración de los derechos del alumnado con dificultades de aprendizaje, puesto que al ampliar los tiempos de los exámenes al alumnado con dislexia, DEA o TDAH no se les permite los mismos descansos que al resto del alumnado, pese a que debería tener más descanso, precisamente por sus dificultades.
- Obligación a las familias de cumplimentar el cuestionario de contexto y de recibir los resultados por vía telemática a través de la plataforma antes mencionada y, en caso de no ser posible, obligación a los centros de asumir el auxilio de dichas familias, con el probable colapso de funcionamiento de los que escolarizan al alumnado económica y socialmente más desfavorecido y vulnerable y que más están sufriendo los recortes.
Por todas estas razones, CCOO reclama «la paralización inmediata de estas pruebas y llama a la Administración a cumplir el Principio constitucional de Legalidad por el que ha de regirse la actividad gubernativa y educativa, y a respetar la dignidad profesional y los legítimos derechos del profesorado, del alumnado y de las familias». El sindicato anuncia acciones legales «de no rectificarse el atropello, así como la defensa jurídica a todos aquellos profesionales cuyos derechos sean vulnerados».
