El gobierno de Cristina Cifuentes ha puesto en marcha un concurso de “derechos mineros caducados” cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 21 de marzo. Dicho concurso ofrece permisos de investigación en 106 localizaciones de la Comunidad entre las se encuentran grandes municipios, barrios residenciales de la ciudad de Madrid y espacios naturales protegidos.
El concurso afecta a futuros desarrollos urbanísticos de Madrid –Los Ahijones, Los Cerros, Valdecarros, Centralidad del Este— y a la Cañada Real Galiana. «La renovación de derechos mineros caducados en estas zonas sólo servirá para que cualquier alternativa de futuro, entre las que se barajan, tenga que pagar un peaje mayor a determinadas empresas», denuncian desde IU.
Entre los lugares donde la Comunidad pretende reactivar la minería se encuentran municipios como Rivas-Vaciamadrid o Fuenlabrada y espacios naturales protegidos como el Parque Regional del Sureste y ecosistemas de valor ecológico como el entorno del Cerro Almodóvar. El concurso abrirá a la industria extractiva 73 kilómetros cuadrados de terrenos en el Parque Regional. Además las concesiones caducadas afectan a minerales que en muchos casos no tienen interés económico.
Los barrios madrileños de Valderrivas, Valdebernardo, El Cañaveral, Pavones, Horcajo, Marroquina, Santa Eugenia, Palomeras, además de zonas como el Corredor del Henares y municipios del sur afectando a muchas zonas de la Comunidad de Madrid donde se pretende “dinamizar la minería” reviviendo antiguos derechos. En más de 800 hectáreas de terreno de estos barrios se otorgaron concesiones de explotación entre 1944 y 1984 que, una vez caducadas, habían dejado paso libre a la consolidación de la ciudad residencial. Para IU «esta situación podría cambiar en un par de semanas si se celebra el concurso de la Comunidad Autónoma, ya que volverán a declararse terrenos francos y registrables, es decir, susceptibles de alojar actividades de investigación, exploración y explotación minera».
Izquierda Unida Madrid denuncia «el riesgo que suponen este tipo de concursos al facultar a los concesionarios de derechos mineros con la posibilidad de reclamación de indemnizaciones a la Administración y provocar daños a la Hacienda Pública. El concurso se regula por la Ley de Minas de 1973, anterior a la Constitución, de modo que la renovación de las antiguas concesiones entra en conflicto con las leyes y planes posteriores de ordenación del territorio y de protección del medioambiente».
Izquierda Unida considera prioritario «restaurar los terrenos degradados por décadas de actividad minera frente a una apertura indiscriminada de nuevas explotaciones. El PP de Cristina Cifuentes sigue los mismos pasos de sus predecesores y muestra su auténtica naturaleza como consejo de administración de determinadas empresas, en este caso, del sector de la minería extractiva. Por inverosímil que suene la propuesta, están dispuestos, una vez más, a seguir aplicando la misma política de siempre en pro de los intereses de la burguesía especulativa madrileña».
Izquierda Unida llama, por tanto, «a la paralización y anulación de este concurso por parte de la Comunidad, a través del que Cristina Cifuentes pretende desviar fondos de la arcas públicas a empresas privadas, obstaculizar el urbanismo en Madrid y degradar aún más el territorio».
