La Comunidad de Madrid ha presentado el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, un texto acordado con los grupos parlamentarios y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid que supone el inicio de una solución urbanística para el asentamiento, la inmediata implantación de medidas sociales, sanitarias y educativas y la puesta en marcha de un plan de choque a corto plazo para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la Cañada.
El acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno será ahora enviado a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación, tal y como ha detallado Cristina Cifuentes, quien además ha destacado el carácter histórico del pacto, dado que por primera vez se ha elaborado un texto basado no sólo en el consenso político sino, también, en el institucional. De esta manera, ha habido acuerdo de los tres ayuntamientos afectados y se han incorporado aportaciones vecinales y de las entidades sociales que trabajan en la Cañada, tras siete meses de trabajos.
El texto, además de a la Asamblea, también será remitido a los ayuntamientos para su aprobación como paso previo a su firma definitiva. Será de obligado cumplimiento para las distintas administraciones públicas implicadas, con independencia de los cambios políticos que pudieran producirse durante todo el periodo que abarquen las actuaciones que se van a poner en marcha en la Cañada.
Garantizar una vivienda
El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana se estructura en 8 apartados generales y 7 anexos, todos ellos con la premisa fundamental de garantizar el derecho a la vivienda a todos los habitantes de la Cañada que cumplan los requisitos previstos, como estar censados antes de diciembre de 2011. Para quienes no estuvieran en el censo en esa fecha, existe el compromiso de estudiar la posible celebración de un convenio marco que ofrezca una solución residencial.
Las medidas recogidas en esta hoja de ruta son aplicables a un tramo de la Cañada Real de unos 14,2 kilómetros de longitud, con una extensión de 107 hectáreas, que discurre en su mayor parte por el municipio de Madrid, pero también implica a los ayuntamientos de Coslada y de Rivas Vaciamadrid. Según el último censo, en la zona viven cerca de 7.300 personas en unas 2.500 viviendas. Además, también hay comercios e industria.
El Pacto da una solución definitiva para los sectores 1 y 6 de la Cañada, que representan más del 60% del terreno del asentamiento. En el caso del sector 1 (Coslada), se consolida la mayoría de las viviendas existentes. El sector 6 (Madrid), en el que se encuentra el área más conflictiva, se desmantelará, dadas las afecciones urbanísticas insalvables que afectan a este tramo, la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas.
Para los sectores del 2 al 5, que pertenecen a los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid, se van a constituir tres ponencias técnicas (urbanística/medioambiental, jurídica y económica) para estudiar la solución más adecuada. Los informes finales deben emitirse en el plazo de un año, prorrogable por otro. Hay que tener en cuenta que las afecciones urbanísticas, que impiden la calificación como suelo residencial, afectan al 75% de la Cañada.
Plan social y Plan de choque
El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana también recoge un conjunto de medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la Cañada e impulsar su integración. También un plan de choque con medidas inmediatas para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la zona. Este plan incluye la adecuación de viales, lo que facilitará el acceso del servicio de correos y de rutas escolares; la adecuación y regularización de las redes de suministro de luz y agua; la limpieza de escombros; la implantación de líneas de la EMT (la primera comenzó ya a funcionar el 1 de febrero); y la formalización de un convenio con la Fundación ‘la Caixa’ para temas sociales.
Estructura de gobierno
Finalmente, para garantizar la aplicación de todas las medidas recogidas en el Pacto, se crea una estructura organizativa permanente, con tres órganos colegiados. Por un lado, la Asamblea de la Cañada, como órgano de debate y participación de las administraciones públicas, los grupos políticos, las entidades sociales y las asociaciones de vecinos.
Por otro, el Comité Ejecutivo de la Cañada, como órgano de adopción de decisiones, presidido por el comisionado regional para la Cañada y con participación de la Delegación del Gobierno, dos representantes de la Comunidad y uno de cada uno de los ayuntamientos. Por último, se crea la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional, como órgano encargado de fiscalizar e interpretar el Pacto Regional.
