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Más de 4.800 inmuebles de Madrid han actualizado ya su situación catastral

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Desde el pasado 1 de abril, fecha en la que se puso en marcha el procedimiento de regularización catastral en el municipio de Madrid, se han detectado más de 10.900 incidencias en fincas, que pueden afectar cada una de ellas a uno o varios bienes inmuebles. Y, una vez realizados los trabajos de documentación e inscripción en el Catastro Inmobiliario de dichos errores, se han regularizado más de 4.800 inmuebles, cuyo valor catastral supera los 390.000.000 euros. El Ayuntamiento estima en más de 5.100.000 euros el incremento en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), incluyendo los atrasos de los ejercicios no prescritos y los recibos de 2017.

Este procedimiento de lucha contra el fraude, fruto de la colaboración entre la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General del Catastro (dependiente del Ministerio de Hacienda), permite la incorporación al Catastro Inmobiliario de las nuevas construcciones, rehabilitaciones o reformas que no hayan sido debidamente declaradas y que, por tanto, no contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos en la misma proporción que el resto de los inmuebles catastrales de la capital.

La regularización en cifras
De acuerdo a los datos facilitados a la Agencia Tributaria por la Dirección General del Catastro, hasta principios de noviembre hay contabilizadas más de 10.900 incidencias en propiedades, pudiendo afectar cada una de ellas a uno o varios bienes inmuebles.

Los incidentes revelados pueden ser omisiones de construcciones completas; omisiones de ampliaciones, rehabilitaciones o reformas no declaradas; cambios de uso y piscinas no incluidas en el Catastro, así como declaraciones de nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación presentadas fuera de plazo.

Del total de expedientes abiertos más del 44% corresponden a ampliaciones, un 26% son reformas no declaradas y un 17% son piscinas omitidas. Las nuevas construcciones completas, las rehabilitaciones y cambios de usos son menos frecuentes al no superar el 5% ninguna de ellas.

Tras documentar e inscribir en el Catastro las incidencias detectadas, el Ayuntamiento ha notificado las propuestas de resolución correspondientes a más de 4.800 inmuebles, con un incremento de valor catastral tasado en más de 390.000.000 euros y un aumento estimado de cuota en el IBI, incluidos los atrasos de los ejercicios no prescritos y las cuotas de 2017, de más de 5.100.000 euros.

Distribución equitativa de los impuestos
El proceso de regularización que comenzó el pasado abril «dura 12 meses y tiene como propósito garantizar la distribución equitativa de los impuestos municipales conforme a la capacidad económica real, que pone de manifiesto el valor catastral de los inmuebles», explican desde el Consistorio.

Con la inclusión de Madrid en el plan de regularización catastral 2016 (BOE de 31 de marzo de 2016) se ha dado continuidad al trabajo de lucha contra el fraude que ya realiza la Agencia Tributaria de Madrid desde 2004, gracias al convenio de colaboración suscrito por la Dirección General del Catastro (dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y el Ayuntamiento, que ha permitido la incorporación a este censo de más de 140.000 inmuebles omitidos o incorrectamente catastrados.

La regularización sólo afecta a aquellos inmuebles que no están adecuadamente incluidos en el Catastro. No implica una nueva revisión de valores catastrales, ya que los inmuebles regularizados se estiman con la Ponencia de Valores vigente en el municipio de Madrid.

No hay sanciones
La revisión del valor catastral tiene efecto desde la fecha en que se realizó la obra nueva o la modificación que no se declaró, por lo que, cuando proceda, se liquidarán los atrasos pertinentes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No se imponen sanciones, si bien se aplica una tasa de 60 euros por cada bien inmueble regularizado. Las condiciones y la tasa vienen determinadas por el marco estatal, que el Ayuntamiento de Madrid aplica en cumplimiento de un acuerdo del Pleno Municipal de septiembre de 2015.

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