El sindicato UGT Madrid ha expresado su rechazo frontal a la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid de la explotación de más de 500 viviendas de protección pública a entidades privadas por un período de 75 años, una medida que, a su juicio, compromete el patrimonio público hasta el próximo siglo y consolida un modelo orientado a la inversión privada.
Desde la organización sindical se sostiene que el sistema impulsado bajo la denominación de alquiler asequible no garantiza precios estables para las rentas más vulnerables. En este sentido, UGT ha aludido a los problemas denunciados por los inquilinos vinculados a iniciativas residenciales similares, señalando la existencia de incrementos económicos derivados de la obligatoriedad de sufragar costes asociados como garajes, trasteros, tasas de basuras o tributos locales, además de tarifas elevadas en los suministros energéticos.
Asimismo, el sindicato ha advertido sobre la presencia de deficiencias constructivas y problemas de habitabilidad en algunas de las promociones entregadas, reclamando una mayor capacidad de respuesta por parte de las empresas concesionarias ante incidencias técnicas o averías en los sistemas de climatización.
Exigencias sindicales al Ejecutivo autonómico
Ante esta situación, UGT Madrid ha reclamado la paralización de las nuevas cesiones de suelo público, la revisión de los contratos para desvincular los anejos habitacionales que encarecen el alquiler y la realización de auditorías en las promociones ya finalizadas, con el fin de garantizar que el acceso a la vivienda se mantenga bajo criterios de asequibilidad y condiciones óptimas para la ciudadanía.
