La Asociación de Inquilinos del Plan Vive y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), respaldadas por el sindicato UGT Madrid, han comparecido conjuntamente en rueda de prensa para denunciar de forma pública la situación de «abandono» estructural y administrativo que sufren múltiples promociones de este programa de vivienda protegida impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Durante la intervención, los representantes vecinales han expuesto que las deficiencias detectadas no constituyen casos aislados, sino que responden a un problema sistemático que afecta a cerca de 200 hogares distribuidos en promociones de distintos municipios de la región. La plataforma de damnificados, que inicialmente nació para dar cobertura a una única promoción situada en Valdebebas, ha experimentado un rápido crecimiento debido a la proliferación de quejas idénticas en otras localidades.
Un informe vecinal documenta más de 130 tipos de incidencias
Los afectados han presentado un informe de impacto habitacional elaborado a partir de una consulta directa realizada en más de diez promociones del Plan Vive. Dicho documento recopila más de 130 tipologías diferentes de deficiencias ligadas a fallos constructivos, falta de mantenimiento de edificios, precariedad en los servicios contratados y problemas de habitabilidad.
Entre los testimonios y quejas vecinales expuestas destacan de forma prioritaria:
- Deficiencias en suministros básicos: Averías reiteradas en los sistemas de calefacción, interrupciones en el suministro de agua caliente y viviendas que permanecen durante días sin aire acondicionado en plenos episodios de altas temperaturas.
- Falta de salubridad y seguridad: Presencia de plagas de insectos y ratas en las instalaciones, deficiente conservación de las zonas comunes y complejos residenciales que carecen de cerramientos adecuados, comprometiendo la seguridad de los residentes.
- Desatención de las gestoras: Demoras prolongadas en la resolución de incidencias técnicas y una comunicación prácticamente nula o escasa por parte de las empresas privadas concesionarias.
Críticas a la gestión contractual y la falta de carácter asequible
El colectivo de inquilinos ha puesto en entredicho el carácter «asequible» con el que el Ejecutivo autonómico promocionó el Plan Vive. Según ha denunciado el presidente de la asociación, Sergio Montero, los costes mensuales totales que están soportando las familias superan notablemente las cifras anunciadas en un inicio para este tipo de suelo público, una situación que está obligando a numerosos hogares a destinar más de la mitad de sus ingresos mensuales en exclusiva al pago del alquiler y las tasas asociadas.
Asimismo, los residentes han censurado la falta de transparencia sufrida durante la adjudicación de los inmuebles. Según exponen, muchos beneficiarios desconocieron la ubicación exacta de la vivienda asignada, las cláusulas del contrato o las condiciones económicas definitivas hasta el mismo momento de la firma, para la cual las empresas gestoras concedieron un plazo límite de apenas 48 horas bajo presión de perder el piso.
Denuncia por la «ausencia de interlocución» con la Administración
El punto más crítico de la comparecencia se ha centrado en la «desconexión total» y la falta de amparo por parte de las instituciones públicas. Los vecinos afirman que todas sus reclamaciones formales son derivadas de forma automática por la Comunidad de Madrid hacia las empresas concesionarias privadas. La Administración regional, denuncian, declina asumir cualquier papel activo de mediación, inspección o supervisión, a pesar de que los bloques se asientan sobre patrimonio y suelo de titularidad pública.
A este aislamiento institucional se suma que las empresas gestoras tampoco reconocen a la Asociación de Inquilinos como un interlocutor colectivo válido. Con el objetivo de revertir este bloqueo, los afectados, con el apoyo sindical de UGT, han solicitado formalmente la creación inmediata de una mesa permanente de seguimiento en la que se sienten la Comunidad de Madrid, las empresas privadas implicadas y la propia representación de los vecinos para fiscalizar los contratos y garantizar el derecho a una vivienda digna.
