La Junta de Gobierno ha autorizado este jueves el contrato de servicios de conservación del mobiliario urbano municipal del Ayuntamiento de Madrid con un gasto plurianual de 39.070.604 euros (IVA incluido). El incremento del presupuesto es del 20 % respecto al actual, ya que se pasa de una inversión anual para este servicio de 8.139.887 euros a 9.767.651. Se prevé que el nuevo servicio, que ha impulsado el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad entre en vigor el 27 de noviembre de este año y se extienda hasta el 27 de noviembre de 2030, prorrogable por un año más.
Con este pliego, ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, Madrid apuesta por un contrato de conservación del mobiliario urbano más operativo, donde cobra mayor peso el mantenimiento preventivo de los elementos para que sean más seguros para los ciudadanos. Pero también, se centra más en el uso de las tecnologías para que el servicio sea más eficaz. Además, el contrato establece mayores exigencias de personal, infraestructura y medios a los contratistas.
El nuevo servicio municipal contempla la conservación del mobiliario urbano de titularidad municipal que está repartido tanto en vías públicas como en parques y zonas ajardinadas. Dentro de esta categoría, figuran elementos de protección peatonal (vallas de aceras, bolardos, etc.), de descanso (bancos, mesas, etc.), mobiliario relacionado con la accesibilidad (barandillas pasamanos), pérgolas y otros elementos.
El servicio se divide en tres lotes para optimizar recursos y aprovechar sinergias, a diferencia del actual, que lo hacía en seis. El lote 1, denominado ‘centro’, se corresponde con los distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín. El lote 2, llamado ‘este’, abarca Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Hortaleza, Barajas, Moratalaz, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. El lote 3, ‘oeste’, comprende los distritos de Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde.
Más prevención para más seguridad
El nuevo contrato refuerza la capacidad de control y seguimiento por parte del Ayuntamiento sobre la ejecución del servicio, pasando de un modelo basado en la corrección de incidencias a otro que da prioridad a la prevención, la trazabilidad digital y la medición objetiva del servicio.
El pliego ya no se limita a exigir la realización de actuaciones preventivas, sino que establece un número mínimo anual de elementos sobre los que debe actuarse en cada lote y para cada tipología de mobiliario. Se fijan objetivos anuales para bancos, bolardos, horquillas, pérgolas, mesas y vallados, cuyo incumplimiento puede dar lugar a penalizaciones contractuales. Esto permite al Ayuntamiento medir de forma objetiva si el adjudicatario está ejecutando realmente el mantenimiento preventivo comprometido y no únicamente atendiendo incidencias cuando aparecen.
El adjudicatario está obligado a realizar inspecciones periódicas mensuales de la totalidad del ámbito asignado, así como inspecciones extraordinarias cuando sean requeridas por los servicios municipales. Durante estas revisiones, debe verificarse el estado de conservación, anclajes, pintura, fijaciones y cualquier otra deficiencia detectable, incorporando, además, documentación fotográfica y propuestas de actuación. De este modo, se pretende que la detección de incidencias no dependa exclusivamente de avisos ciudadanos o requerimientos municipales, sino de un control activo y continuo por parte del contratista.
Inventario digital actualizado
Otra de las novedades más destacadas del contrato es el papel que adquiere el inventario municipal mediante el uso necesario de tecnologías, ya que la oferta tecnológica pasa de ser un elemento de apoyo a convertirse prácticamente en un requisito clave.
El adjudicatario debe mantener actualizado en todo momento un inventario georreferenciado que recoja la ubicación exacta de cada elemento y todas sus particularidades, asumiendo la implantación, mantenimiento e integración de sistemas tecnológicos avanzados, incluyendo la interoperabilidad con las plataformas municipales, la gestión digital del inventario, la trazabilidad de las actuaciones y la disponibilidad permanente de los sistemas de información. Cualquier actuación correctiva realizada debe quedar reflejada en el sistema en un plazo máximo de 48 horas. Se fija que, en un plazo de un mes desde la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar este estudio pormenorizado de zonas y frecuencias de paso.
Por otro lado, el pliego endurece la obligación de actuar sin esperar instrucciones cuando exista riesgo para los usuarios. En ese caso, tendrán que señalizar de forma inmediata, precintar y retirar el elemento en cuestión de forma preventiva. Los adjudicatarios asumirán la responsabilidad por inacción.
En el servicio, se mantiene la existencia de un teléfono 24 horas para avisos de urgencia, que dispondrá de un equipo de actuación inmediata, todos los días del año, para resolver las incidencias que se pudieran producir en cualquier momento.
Mayor exigencia de medios humanos y materiales
El nuevo pliego incrementa las obligaciones asumidas por el adjudicatario respecto al contrato vigente. No se limita a la conservación ordinaria del mobiliario urbano, sino que amplía no sólo las exigencias tecnológicas y de control de la ejecución, sino también a nivel organizativo y medioambientalmente.
Se refuerzan los medios personales mínimos exigidos, incorporando perfiles técnicos específicos vinculados a la gestión informática, inspección, inventario y seguimiento del contrato, de manera que se pasa de 78 personas a 100, lo que supone un incremento del 28 %.
Los pliegos recogen nuevos requisitos de instalaciones, obligando a los contratistas a tener una oficina central, una nave-almacén mínima de 1.000 m² por lote, que su ubicación sea dentro del ámbito territorial del lote o radio máximo establecido y que sea de uso exclusivo para el contrato.
En consonancia con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, se incorporan mayores exigencias medioambientales relativas a la flota de vehículos (CERO y ECO o C -exclusivamente para furgones y camiones-), utilización de materiales certificados y criterios de sostenibilidad, así como requisitos más estrictos en materia de accesibilidad universal. En este último campo, se introduce de forma expresa la sustitución de elementos que no cumplan normativa de accesibilidad y la obligación de instalar modelos accesibles.
