Diversas organizaciones vecinales y colectivos conservacionistas han convocado una movilización ciudadana para el sábado 27 de junio con el objetivo de rodear la Laguna Grande de Ambroz, en el distrito de Vicálvaro. La protesta surge como respuesta a la reciente autorización por parte de la Comunidad de Madrid para reactivar una explotación minera de sepiolita a cielo abierto, un proyecto de la empresa Tolsa con una duración proyectada de treinta años. Según los convocantes, la actividad extractiva pone en riesgo la biodiversidad del complejo lagunar y su entorno.
El acto de protesta comenzará a las 20:15 horas en el Anfiteatro de Lourdes y Mariano del Parque de la Cuña Verde C de Vicálvaro, situado en la calle de Casalarreina. Tras la lectura de un manifiesto, los asistentes realizarán una marcha a pie hacia la Laguna Grande, donde se conformará una cadena humana tomados de las manos como un gesto simbólico de protección al humedal y para visibilizar su rechazo a un plan que afecta a un entorno con más de 400 árboles.
Argumentos vecinales sobre salud y conectividad verde
El Grupo de Trabajo para Salvar las lagunas y el entorno de Ambroz ha alertado sobre la cercanía de la futura instalación minera, que se situará a unos 150 metros del Polideportivo Municipal de Vicálvaro y a unos 300 metros de zonas residenciales y centros educativos. Las asociaciones señalan que la explotación obligará a los residentes de Vicálvaro y San Blas-Canillejas a convivir con el polvo de sepiolita en suspensión derivado de los trabajos durante las próximas tres décadas.
Los colectivos defienden la necesidad de preservar estas hectáreas para consolidar lo que denominan el «pulmón este» de la capital, argumentando que el espacio no solo beneficia a Madrid amortiguando el efecto de isla de calor urbano, sino que también actúa como conector ecológico de aire limpio hacia los municipios colindantes de Coslada y San Fernando a través del Corredor Verde del Este. Su propuesta final contempla la paralización definitiva de la mina para transformar el humedal y sus 700 hectáreas circundantes en la futura «Casa de Campo de Ambroz».
Demandas dirigidas a las tres administraciones
Para frenar el proyecto y asegurar la viabilidad del humedal, las organizaciones han estructurado una serie de peticiones específicas dirigidas a los distintos niveles de la administración pública:
- Ayuntamiento de Madrid: Solicitan la recalificación de las 700 hectáreas como Suelo No Urbanizable Protegido y la realización de un estudio técnico de impacto en la salud pública para evaluar los efectos a largo plazo de la actividad minera en la población local.
- Comunidad de Madrid: Reclaman la inclusión inmediata del espacio en el Catálogo de Humedales regional, junto con el desarrollo de planes de seguimiento y conservación de las especies catalogadas en peligro de extinción en la zona.
- Confederación Hidrográfica del Tajo: Demandan que las lagunas se incorporen al Catálogo de Masas de Agua como masa superficial artificial, determinando su consideración de dominio público hidráulico para que se le apliquen las normativas estatales y comunitarias vigentes.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco): Le instan a intervenir en calidad de organismo supervisor y coordinador de todas las medidas preventivas, ejecutivas y de previsión de fondos presupuestarios necesarias para la protección del entorno.
