La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de CNT y el colectivo Regularización Ya han formalizado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Políticas Sociales, José Fernández.
El texto jurídico, firmado por Pablo Redondo Jiménez en calidad de secretario general del sindicato, solicita la apertura de una investigación por presuntos delitos de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal) y denegación discriminatoria de prestación pública (artículo 511). El núcleo de la acusación reside en la gestión municipal del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, aprobado por el Gobierno central el pasado 15 de abril.
El sindicato sostiene que el Ayuntamiento ha entorpecido el acceso a los certificados de vulnerabilidad, requisitos indispensables para completar el trámite antes de la fecha límite del 30 de junio. Según la denuncia, los protocolos activados a finales de abril impusieron «trabas burocráticas adicionales» que afectaron de forma desproporcionada a migrantes con brecha digital, barreras idiomáticas o falta de recursos.
La CNT detalla una cronología de presuntas irregularidades administrativas:
- Tras la entrada en vigor de la norma, los centros sociales habrían operado sin instrucciones claras durante varios días.
- El 21 de abril, se emitieron órdenes para anular citas ya programadas y redirigir a los solicitantes al sistema de Registro General del Ayuntamiento, lo que dilató los tiempos de respuesta.
- Se señala que dichos protocolos internos carecían, en algunos casos, de la firma oficial preceptiva.
Altos cargos implicados y datos de saturación
Además de los máximos responsables políticos, la denuncia se extiende a la estructura técnica del área de Políticas Sociales, citando nominalmente a:
- Raquel Muros Delgado (Coordinadora General de Políticas Sociales).
- María Consolación Alfaro Moreno (Directora General de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad).
- María Pilar Benito Pecharromán (Jefa del Departamento de Coordinación de Atención Social Primaria).
El escrito fundamenta la «voluntad política de obstaculizar» el proceso citando unas declaraciones de Almeida del 16 de abril, donde afirmó que el Consistorio «no iba a colaborar» con la medida del Ejecutivo. Asimismo, la CNT aporta datos sobre el estado de los servicios sociales, con demoras medias de 36 días que llegan a superar los 50 en distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas, sin que se hayan articulado refuerzos de personal ante el aumento de la demanda.
Respuesta del alcalde: «Maniobra de propaganda»
Desde el distrito de Carabanchel, José Luis Martínez-Almeida ha respondido a los medios asegurando su «tranquilidad total y absoluta». El regidor ha negado la comisión de cualquier ilícito penal y ha calificado la actuación de la CNT como una estrategia publicitaria, argumentando que el sindicato no se había dirigido previamente al Ayuntamiento para trasladar estas quejas. El alcalde ha defendido que las denuncias ante la Fiscalía deben responder a delitos reales y no a la búsqueda de «un titular».
Diligencias solicitadas
Como parte del procedimiento, los denunciantes han pedido al Ministerio Público que reclame todas las comunicaciones internas de abril, las estadísticas de emisión de certificados y las actas de citas canceladas, además de tomar declaración a los cargos señalados, a los trabajadores sociales y a las personas afectadas.
