La respuesta del Gobierno regional a la última iniciativa de VOX en la Asamblea de Madrid no se ha hecho esperar. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha confirmado que su grupo parlamentario no apoyará la Proposición No de Ley (PNL) que busca vincular la pertenencia a organizaciones criminales con la pérdida de la nacionalidad adquirida, argumentando una clara falta de atribuciones legales por parte de la cámara autonómica.
Durante su intervención, Ayuso ha descartado de forma tajante la posibilidad de que la iniciativa prospere con los votos del Partido Popular. La presidenta ha recordado que materias como el Código Civil o la Ley de Extranjería dependen exclusivamente del ámbito estatal. «No es competencia de la Comunidad de Madrid», ha señalado de forma directa, añadiendo para zanjar la cuestión: «Por tanto, no haremos perder el tiempo a nadie: votaremos no».
Con esta negativa, la propuesta de VOX —que se fundamentaba en un aumento del 80% en los homicidios dolosos en la región y la proliferación de bandas criminales— queda bloqueada en el parlamento madrileño.
Prioridad al cumplimiento de penas
Además del conflicto de competencias, Ayuso ha querido marcar distancias con la fórmula de expulsión y retirada de nacionalidad propuesta por el grupo de Isabel Pérez Moñino-Aranda, poniendo el foco en la responsabilidad penal. Para la presidenta, la prioridad de la justicia debe ser el castigo efectivo de los delitos en territorio español antes de proceder a cualquier trámite administrativo de extranjería. «Por otro lado, lo primero que debe hacer un criminal es cumplir condena», ha subrayado la mandataria.
Traslado del debate al ámbito nacional
Finalmente, la presidenta madrileña ha invitado a VOX a redirigir sus propuestas de reforma legal a los foros correspondientes donde reside la soberanía legislativa para modificar la nacionalidad española. «Animamos a que se produzca este debate en su sitio: las Cortes», ha concluido Ayuso, insistiendo en que la Asamblea de Madrid no debe ser utilizada para debates que exceden el marco de sus funciones estatutarias.
Esta postura supone un choque directo con la exposición de motivos de VOX, que apelaba a la «creciente preocupación social» y a la presencia de menores «inimputables» extranjeros como un problema de seguridad de gestión urgente para la administración regional.
