UGT Madrid ha denunciado públicamente una nueva operación inmobiliaria que implica la transmisión indirecta de aproximadamente 5.400 viviendas públicas. Según el sindicato, esta maniobra —que se ejecuta mediante la venta de participaciones sociales— busca sortear el derecho de adquisición preferente de los inquilinos y supone un nuevo «atropello» administrativo iniciado en la etapa de Ana Botella (PP) como alcaldesa de Madrid.
En una comparecencia ante los medios, Esther Chaves Alonso, secretaria de Igualdad de UGT Madrid, advirtió que la operación prevista para el próximo 28 de abril traspasará los activos del fondo Fidere al fondo Brookfield. “Hay 156 familias afectadas que reclaman su derecho de tanteo y retracto y que corren el riesgo de quedarse en la calle sin alternativa habitacional”, denunció. “Estas familias pierden sus viviendas y se quedan con una mano delante y otra detrás, sin realojo, sin ayuda, con niños y personas mayores por la impasividad institucional”. — Esther Chaves Alonso.
Un conflicto jurídico de una década
El abogado José Mariano Benítez de Lugo, representante de las familias, recordó que el conflicto se remonta a 2013, cuando la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió estas promociones a fondos especulativos sin notificar a los arrendatarios. Benítez de Lugo subrayó el lucro cesante de la operación: “Las viviendas se compraron por 60.000 o 70.000 euros y ahora se pretenden vender por 300.000 o 400.000 euros”.
Uno de los puntos más controvertidos expuestos por la defensa es el giro del Tribunal Supremo. Según el letrado, el Alto Tribunal dictó una sentencia favorable a cuatro familias en noviembre de 2024, pero apenas 62 días después, con el mismo ponente y sobre la misma escritura pública, resolvió en sentido contrario para otro grupo de afectados. “Es inexplicable; es la misma operación y el mismo objetivo”, sentenció Benítez de Lugo, quien ya ha pedido el amparo de la Fiscalía del Constitucional y no descarta acudir a la justicia europea.
«Terrorismo institucional» y desamparo
Arantxa Mejías, portavoz de los afectados, puso voz al desgaste humano tras años de litigios. Definió la situación como una estrategia establecida para mercadear con un derecho constitucional y tildó de “terrorismo institucional” el hecho de que la Administración haya convertido a «fondos buitre» en los caseros de familias vulnerables.
Mejías destacó que muchas de estas familias han pagado ya más de 200.000 euros en concepto de alquiler sin obtener garantía alguna de permanencia. “Son las casas más caras de la historia por el desgaste personal y familiar que conllevan”, afirmó emocionada ante la prensa.
Llamamiento a las instituciones
La denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la última vía de UGT para paralizar lo que consideran un fraude a los derechos de los inquilinos. La organización reclama que se proteja el derecho a permanecer en la vivienda bajo un arrendamiento estable, tal y como emana del artículo 47 de la Constitución.
“Las personas no se pueden quedar sin sus viviendas, no pueden jugar con las ilusiones ni con el dinero de miles de familias”, concluyó Chaves, exigiendo una intervención inmediata antes de que se consume la firma de la compraventa a finales de este mes.
