La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dado la voz de alarma ante lo que consideran un retraso administrativo inaceptable. El sindicato mayoritario en las administraciones públicas exige al Gobierno regional la aprobación de un decreto de urgencia específico para el sector educativo. El objetivo es blindar las plazas ya pactadas en la Mesa Sectorial y evitar que el actual «bloqueo» de la Consejería de Hacienda ponga en jaque las oposiciones previstas para junio de 2026.
Según denuncia la organización, el plazo legal para adoptar esta decisión expiró el pasado 31 de marzo. La ausencia de este decreto no solo entorpece la planificación logística de la Administración, sino que genera un clima de inseguridad jurídica entre miles de opositores que preparan su acceso a la función pública docente.
Puntos críticos del conflicto
- Incertidumbre en las convocatorias: CSIF advierte del riesgo de repetir el escenario de 2024, cuando la oferta se publicó a finales de mayo y obligó a añadir plazas «in extremis», afectando a la transparencia del proceso.
- Independencia de Hacienda: El sindicato reclama que Educación gestione su propio decreto de forma autónoma para no quedar supeditada a las demoras de otras consejerías.
- Ratio opositor-plaza: Especialidades críticas como Educación Primaria presentan cifras de competencia muy elevadas, lo que exige una convocatoria clara y con antelación suficiente.
- Garantías para el profesorado: Se exige estabilidad y claridad para asegurar que el proceso selectivo sea ordenado y garantista.
Desde CSIF Madrid insisten en que las plazas ya consensuadas en la Mesa Sectorial son una necesidad estructural del sistema educativo madrileño y no pueden ser moneda de cambio en retrasos burocráticos. Por ello, han anunciado que presentarán una reclamación formal ante el Ejecutivo regional para forzar el desbloqueo de la situación.
La organización sindical subraya que el éxito de las oposiciones de 2026 depende de una gestión política valiente que priorice la incorporación de nuevos docentes, garantizando así la calidad del servicio público y el respeto a quienes aspiran a formar parte del cuerpo de profesores de la región.
