El área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid ha dado la voz de alarma. Su responsable, José Fernández, ha confirmado que las peticiones de atención han saltado de las 1.500 a las 5.500 diarias en apenas una semana tras la entrada en vigor del decreto estatal de regularización. Fernández denuncia que este proceso se ha lanzado de forma «unilateral» y con el objetivo velado de «buscar el colapso».
Ante la falta de consenso en el «certificado de vulnerabilidad» enviado por el Gobierno, Cibeles ha marcado su propia línea roja: solo se firmarán documentos si hay intervención social previa. El delegado ha sido tajante: «No acreditaremos lo que no podamos contrastar», advirtiendo que los funcionarios no pueden avalar situaciones de personas sin historial en el sistema, quienes deberán seguir los cauces ordinarios de cualquier usuario.
Riesgos y falta de medios
El Consistorio alerta de que este escenario pone en jaque servicios críticos como la Tarjeta Familia, la teleasistencia, la ayuda a domicilio o el control del absentismo escolar. Además, Fernández critica que el Estado no ha transferido fondos para reforzar plantillas ante este pico de demanda, calificando la medida de «frivolidad» motivada por la necesidad de captar «votos de Podemos».
Tensión política y «efecto llamada»
En el plano institucional, el edil afeó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, su silencio ante el Ayuntamiento. Fernández concluyó advirtiendo de un peligroso «efecto llamada» que arriesga vidas en el mar y cuestionó la seguridad del proceso al aceptarse, según indicó, documentación caducada y sin un control estricto de antecedentes penales. Por todo ello, ha exigido la retirada inmediata del decreto para buscar una solución pactada.
