La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que su Gobierno recurrirá ante la justicia el Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado 10 de marzo por el Ejecutivo central. Esta normativa, que recupera la atención sanitaria completa para inmigrantes en situación irregular, es vista por la Puerta del Sol como un «ataque» a la sostenibilidad de los servicios públicos madrileños.
Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, y en respuesta a una pregunta de Vox, la presidenta ha endurecido su discurso contra la gestión migratoria y sanitaria de Pedro Sánchez. Ayuso ha afirmado estar radicalmente en contra del «turismo sanitario» y de una regularización de servicios «sin control», argumentando que el decreto no incluye mecanismos de financiación para las comunidades autónomas, que son las que finalmente prestan el servicio.
«Estamos en contra de la intención del Gobierno de reventarnos los servicios públicos», ha aseverado la mandataria. No obstante, ha querido precisar el alcance humanitario de su postura: «No vamos a dejar morir a nadie en las puertas de un hospital por su situación de regularidad o irregularidad», pero ha insistido en que el acceso ordinario al sistema debe estar regulado para evitar abusos y garantizar la seguridad nacional.
Estrategia coordinada en la Real Casa de Correos
Este movimiento jurídico se produce inmediatamente después de la reunión de trabajo mantenida este miércoles con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante hora y media, ambos dirigentes analizaron los desafíos de la región, destacando la «inexistencia de políticas migratorias» y la «falta de médicos» en toda España como problemas estructurales que el Gobierno central estaría agravando.
En el encuentro, en el que también participaron consejeros regionales y el secretario general del PP, Miguel Tellado, Ayuso trasladó a Feijóo una lista de agravios que incluyen:
- Infraestructuras: El déficit de inversión en la red de Cercanías.
- Recursos básicos: Las trabas en la gestión del agua y la energía que condicionan el desarrollo digital de Madrid.
- Modelo asistencial: El impacto económico de aplicar decretos estatales como el de la sanidad universal sin una memoria económica que lo respalde.
Frente legal frente al «desorden»
Con este recurso, Madrid busca frenar lo que califica como un «disparate» que promueve la ilegalidad y el desequilibrio en las cuentas autonómicas. La presidenta ha reiterado que su Ejecutivo no permitirá que se multiplique el «desorden» mediante repartos de menores o regularizaciones de servicios que, a su juicio, contravienen la normativa de la Unión Europea y ponen en riesgo la calidad asistencial de los ciudadanos madrileños.
