La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado un duro documento de alegaciones contra el proyecto de decreto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que sustituirá al Reglamento de Viviendas de Protección Pública de 2009. La denuncia principal se centra en que la nueva normativa desvirtúa la función social de la vivienda protegida al elevar los límites de ingresos a niveles que cubren a rentas altas.
Uno de los puntos más polémicos señalados por la FRAVM es el incremento de los límites de acceso. Con el decreto planteado por la Comunidad de Madrid, una unidad familiar de cuatro miembros podría percibir hasta 84.677,42 euros anuales y seguir optando a una Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL).
La Federación considera «inadmisible» que fondos públicos o reservas de suelo protegido se destinen a hogares con este nivel de ingresos, mientras las familias con recursos escasos quedan desprotegidas. Por ello, proponen reducir los límites de 7,5 y 5,5 veces el IPREM a 6 y 4 veces respectivamente.
Comparativa de Límites de Ingresos (Familia de 4 miembros)
| Tipología de Vivienda | Límite Proyecto Ayuso | Ingresos Máximos (Decreto) | Propuesta FRAVM | Ingresos Máximos (Propuesta) |
|---|---|---|---|---|
| VPPB (Básica) | 5,5 IPREM | 62.096,77 € | 4 IPREM | 45.161,29 € |
| VPPL (Limitada) | 7,5 IPREM | 84.677,42 € | 6 IPREM | 67.741,94 € |
Cargas económicas injustas para el inquilino
Además de los umbrales de renta, la FRAVM denuncia la presión financiera sobre los arrendatarios. Califican de «inadmisible» que el nuevo reglamento permita repercutir el pago del IBI a quienes viven en alquiler protegido, exigiendo que este impuesto sea asumido íntegramente por la propiedad. Asimismo, solicitan que la tasa de basuras sea subvencionada o modulada en función de los ingresos reales de la familia.
Pérdida de la protección y falta de control
La denuncia vecinal también apunta a la «caducidad» de la protección, que el texto actual sitúa generalmente en 15 años. La FRAVM exige que la calificación de vivienda protegida sea permanente e indefinida, impidiendo que el esfuerzo público termine engrosando el mercado libre y alimentando burbujas especulativas.
Finalmente, la organización rechaza la sustitución del control administrativo por «declaraciones responsables». Advierten que este cambio debilita las garantías, permitiendo que la administración solo revise el cumplimiento de requisitos a posteriori, lo que facilita el uso de estas viviendas como activos de inversión en lugar de hogares habituales.
