El Ejecutivo celebrará este viernes una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros con el objetivo de aprobar un nuevo decreto anticrisis. Esta batería de medidas busca amortiguar las consecuencias económicas derivadas del reciente estallido de la guerra en Irán, centrándose especialmente en la escalada de los costes energéticos.
La medida estrella del plan será la intervención sobre la fiscalidad de los combustibles. El Gobierno ha acordado reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a los carburantes, que pasará del tipo general del 21% al 10%. En paralelo, se suspenderá la aplicación del impuesto especial sobre los hidrocarburos. Según las estimaciones, esta doble rebaja fiscal se traducirá de manera inmediata en un abaratamiento de entre 0,30 y 0,40 euros por litro tanto en la gasolina como en el diésel.
Esta fórmula fiscal da respuesta a las demandas del sector de las estaciones de servicio y las patronales. Estas agrupaciones habían instado al Ejecutivo a actuar directamente sobre los impuestos en lugar de reeditar el sistema de bonificaciones al combustible que se implementó tras el inicio de la guerra de Ucrania, argumentando los problemas logísticos y administrativos que aquel modelo generó en su momento.
Intervención en el mercado eléctrico y la vivienda
El paquete de contingencia no se limitará a los surtidores, sino que extenderá sus rebajas impositivas al recibo de la luz. En este ámbito, se procederá a la eliminación del impuesto especial eléctrico (actualmente fijado en un 5%) y se aplicará una bajada en el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Además, el texto incluirá cláusulas para garantizar el suministro energético del país y mejoras en las condiciones del bono social eléctrico.
En el plano fiscal y social, el decreto contempla dos medidas adicionales de gran calado:
- Deducciones en el IRPF: Se activará una desgravación en la declaración de la renta para aquellas obras en viviendas que estén destinadas a mejorar la eficiencia energética.
- Protección del empleo: Quedará expresamente prohibido el despido en aquellas empresas que reciban fondos de estas nuevas ayudas públicas.
Ayudas específicas para transportistas y agricultores
Los sectores profesionales más expuestos a la volatilidad del crudo contarán con un escudo de protección diseñado a medida:
- Transportistas con derecho a devolución: Se beneficiarán de un descuento directo de 20 céntimos por litro de diésel aplicado en el impuesto especial de hidrocarburos.
- Transportistas sin derecho a devolución: Recibirán una ayuda temporal y extraordinaria que se calculará por vehículo.
- Sector agrario: Contará con una subvención de 20 céntimos por cada litro de gasóleo agrícola.
Vigilancia de precios y anuncio oficial
Para garantizar que estas reducciones impositivas repercutan de forma real en el bolsillo del consumidor y no sean absorbidas por márgenes empresariales, el Gobierno otorgará nuevas facultades a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo quedará habilitado para exigir información detallada a las empresas distribuidoras de carburantes y monitorizar de cerca la evolución de los precios.
Desde el entorno del Ejecutivo han definido este esquema como un plan «proporcional, perimetrado y focalizado», cuyo único fin es contener la subida de los costes de la electricidad y los combustibles. Los pormenores exactos y el alcance final de todas las medidas fiscales serán desgranados por el presidente del Gobierno en una comparecencia pública tras la finalización del Consejo de Ministros.
