El Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado un acuerdo para investigar posibles anomalías contables en el Servicio Madrileño de Salud. La decisión judicial, contra la que cabe recurso de súplica en un plazo de cinco días, supone la apertura de una pieza de Acción Pública. Este movimiento responde a la denuncia presentada por el grupo parlamentario socialista, que señala una posible gestión irregular en la reclamación de deudas a las grandes concesionarias sanitarias de la región.
La investigación se sustenta en el análisis de las cuentas regionales entre los ejercicios 2017 y 2023. Según la documentación que obra en la causa, la Comunidad de Madrid habría evitado asentar en sus balances financieros un montante total de 71,65 millones de euros.
Esta cifra se deriva de los costes asistenciales generados por pacientes que, teniendo como centro de referencia alguno de los cinco hospitales bajo gestión de Quirón o Ribera Salud, terminaron recibiendo tratamiento en centros de la red pública. Bajo el sistema de «balance intercentros», estos gastos deberían haber sido facturados a las empresas privadas; sin embargo, un informe de la Consejería de Sanidad sobre libre elección apuntó a la imposibilidad de tramitar dichos cobros debido a la supuesta ausencia de documentación clínica justificativa.
Exigencias del Tribunal y argumentos de la acusación
El órgano fiscalizador ha solicitado formalmente a la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, que concrete y desglose los supuestos de responsabilidad contable detectados. El Tribunal busca determinar si existió negligencia o dolo en las labores de administración, custodia y manejo de los caudales públicos por parte de los interventores y gestores regionales.
Por su parte, el PSOE-M ha confirmado su personación en el proceso. Los socialistas argumentan que el hecho de que estos 71,6 millones no figuren en la Cuenta General de la Comunidad bajo rúbricas de «deudas de concesionarias» o «saldos por libre elección» responde a un «error o una ocultación». Además, denuncian una falta de estandarización técnica: sostienen que la Consejería obliga a usar programas informáticos específicos que no han sido unificados en los hospitales públicos, lo que genera un vacío de datos que impide cobrar los servicios prestados a los gigantes de la sanidad privada.
Sanidad vs. Listas de espera
El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE-M, Óscar López, ha vinculado estos supuestos beneficios a la privada con la situación de la atención ciudadana, recordando que Madrid ha superado el millón de personas en listas de espera. López ha advertido de que los «regalos» económicos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no quedarán sin respuesta judicial, buscando que se determine si existe un perjuicio real a los fondos públicos para iniciar la correspondiente reparación presupuestaria.
La defensa de la Comunidad: «documento descontextualizado»
Desde el Gobierno regional, la Consejería de Sanidad liderada por Fátima Matute ha rechazado las acusaciones, calificando la base de la denuncia como una interpretación errónea de un documento interno de trabajo que carece de oficialidad. Según el departamento de Matute, la trazabilidad de los tratamientos está «plenamente garantizada» y no existe un vacío documental. Defienden que la información asistencial es consultable a través de múltiples soportes:
- El sistema de visor clínico Horus.
- La historia clínica electrónica.
- Aplicaciones técnicas específicas e informes en papel.
La Administración regional sostiene que los datos aportados por el PSOE proceden de un volcado informático preliminar y parcial que no refleja la realidad económica del sistema, asegurando que los inspectores de Sanidad utilizan todas las fuentes disponibles para asegurar que cada acto clínico sea correctamente computado.
