La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, una iniciativa destinada a reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados a las mismas. El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde al texto definitivo de esta norma, que será remitido a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria.
La nueva regulación será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.
La Ley incorpora el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, con el fin de garantizar una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano. En este sentido, el texto presta una especial atención a los principios de accesibilidad universal, implementando medidas específicas encaminadas a romper barreras para las personas mayores y madrileños con discapacidad.
Asimismo, potenciará las herramientas de garantía institucional mediante la creación de la Oficina de Defensa del Contribuyente, un órgano renovado que sustituirá al anterior Defensor del Contribuyente para dotar al sistema de una mayor robustez técnica. Este recurso se encargará de tramitar de manera ágil las quejas o sugerencias referidas a demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias en el trato.
Información fiscal al momento
Una de las novedades más destacadas es la implementación de una carpeta tributaria individualizada con toda la información fiscal del ciudadano, donde podrá seguir en tiempo real sus expedientes. Además, se promoverá un lenguaje administrativo sencillo y formularios de fácil comprensión.
Finalmente, la norma introduce mecanismos pioneros de cortesía institucional, obligando a la Administración a pedir disculpas formales cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos, y a agradecer expresamente la colaboración ciudadana en los procesos de inspección que concluyan sin sanción.
