El futuro de la gestión de residuos en la capital ha generado un nuevo choque entre el Ayuntamiento de Madrid y los movimientos vecinales del sureste. La Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas, con el respaldo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha manifestado su «rechazo rotundo» a la licitación del contrato de explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Las Lomas, en Valdemingómez, que prevé un funcionamiento de 15 años más.
Un horizonte de cierre cuestionado
La medida, autorizada por el Consistorio el pasado 19 de febrero, establece un marco operativo hasta 2035, contemplando el desmantelamiento solo como una posibilidad condicionada a que Madrid logre reducir su vertido máximo al 10%. Para las entidades vecinales, este escenario es «decepcionante» y carece de un compromiso político real. Denuncian que, en lugar de preparar el cierre, el contrato incluye inversiones para optimizar las instalaciones, lo que interpretan como una intención de maximizar la quema de residuos y, por ende, la emisión de sustancias contaminantes.
Provisionalidad y lupa europea
El colectivo ha puesto el foco en la situación administrativa de la planta. Tras expirar el contrato anterior el 31 de diciembre de 2025, la instalación opera actualmente bajo una «orden de continuidad». Dado que el plazo de ofertas para la nueva licitación termina el 25 de mayo, los vecinos advierten que la planta acumulará al menos cinco meses en situación de provisionalidad.
Asimismo, recuerdan que la planta no se adaptó a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de la Unión Europea, cuyo plazo venció en 2023. Esta situación ha llevado a que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantenga abierta una investigación sobre la gestión de Valdemingómez, pese a los recientes intentos de archivo por parte de algunos grupos parlamentarios en Bruselas.
La compensación económica: «Reconocimiento de daños»
Uno de los puntos más polémicos del nuevo contrato es la inclusión de un canon anual de entre 500.000 y 1.000.000 de euros (el 5% de los ingresos por venta de electricidad) destinado a inversiones en el distrito de Villa de Vallecas.
Desde la asociación vecinal, consideran este pago como un «reconocimiento implícito» por parte del Ayuntamiento de los efectos nocivos de la planta. Sin embargo, tachan la cuantía de «ridícula» —calculan entre 4 y 8 euros por habitante— y sentencian que las políticas de reequilibrio territorial no deben ser una moneda de cambio por la salud pública.
Exigencias del movimiento ciudadano
Ante esta licitación, las entidades han planteado una serie de demandas irrenunciables al Gobierno municipal:
- Calendario de cierre: Un plan verificable y con fechas fijas para el cese de la actividad.
- Transparencia técnica: El paro inmediato de la planta mientras no cumpla con las normativas europeas (MTD/BAT).
- Mediciones independientes: Contratar mediciones mensuales de contaminantes en un radio de 10 km realizadas por organismos ajenos al Ayuntamiento.
- Nueva estrategia de residuos: Una hoja de ruta basada en la economía circular que descarte definitivamente la incineración.
- Comisión de seguimiento: Un órgano participado por vecinos y ecologistas para supervisar el proceso de desmantelamiento.
El conflicto de Valdemingómez vuelve así a situarse en el centro del debate medioambiental de Madrid, enfrentando la estrategia de gestión de residuos del Consistorio con la demanda histórica de salud ambiental de los vecinos de Vallecas.
