La resistencia de los últimos inquilinos de los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco, un equipamiento público asistencial situado en el barrio madrileño de La Latina, se enfrenta a sus horas más críticas. Alejandro Ibáñez, de 81 años, y otro residente identificado como V.M., han recibido una notificación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid que autoriza la entrada forzosa en sus domicilios. Este decreto judicial podría poner fin a una disputa que comenzó hace casi dos años y que los afectados califican de «injusticia social».
Cronología de un conflicto: De la mejora a la «patología» estructural
El proceso de desalojo de este edificio, que albergaba a 61 personas de entre 70 y 91 años, ha estado marcado por cambios en la narrativa oficial y una cronología que los vecinos cuestionan punto por punto:
- Mayo de 2024: Se aprueba un acuerdo marco de 122 millones de euros para la reforma de edificios municipales, adjudicado a Ferrovial Construcción S.A. Los apartamentos de La Latina quedan incluidos en el primer lote.
- Junio de 2024: Los residentes reciben la primera comunicación oficial de la Dirección General de Arquitectura. Se les solicita abandonar el inmueble por «obras de mejora y mantenimiento» con una duración estimada de 14 meses.
- Septiembre de 2024: La Junta de Gobierno autoriza un gasto de 3.764.293,65 €. En este punto, la justificación cambia: el contrato menciona ahora la «subsanación de patologías», sugiriendo problemas que podrían afectar a la seguridad estructural del edificio.
- Marzo de 2026: Tras más de un año con las obras paralizadas y con solo cuatro residentes permaneciendo en el bloque, la justicia autoriza el desalojo forzoso de dos de ellos.
Denuncias de opacidad y riesgos de desarraigo
Alejandro Ibáñez, quien reside en San Francisco desde hace 15 años y ha pasado gran parte de su vida en La Latina, denuncia que el Ayuntamiento no ha facilitado informes técnicos que avalen la imposibilidad de realizar las obras por fases, permitiendo que los residentes permanezcan en sus casas. «No creo que sea cierto que nos tengamos que ir para que puedan hacerlas», afirma.
Desde la Asociación Vecinal La Chispera, que apoya a los residentes, se señala que el término «patologías» es ambiguo y no implica necesariamente un riesgo de colapso. Además, critican que no se hayan explorado alternativas habitacionales dentro del propio barrio, como el uso temporal de apartamentos de alquiler turístico o temporal en el Barrio de Palacio, lo que habría evitado la pérdida de autonomía y de redes sociales de los mayores.
El impacto económico: Un incremento del 70 % en los costes
Uno de los puntos más conflictivos reside en las alternativas ofrecidas por el Consistorio. La mayoría de los 61 residentes originales terminaron marchándose, pero las condiciones han supuesto un duro golpe para sus economías: en los apartamentos municipales el copago oscilaba entre el 10 % y el 15 % de la pensión. En las residencias propuestas el coste se dispara hasta situarse entre el 80 % y el 86 % de sus ingresos.
Para el sindicato y las asociaciones, esto supone un daño irreparable, ya que pasar de un apartamento tutelado a una residencia implica, en la práctica, la pérdida total de la vida independiente. Además, denuncian traslados a centros situados a más de 50 kilómetros de sus hogares originales.
Demandas vecinales ante la orden judicial
La Asociación Vecinal La Chispera y los afectados han vuelto a solicitar, con fecha 2 de marzo de 2026, el informe técnico de la obra y mantienen una lista de exigencias firmes:
- Suspensión de los desalojos: Paralizar cualquier orden inminente hasta que exista diálogo.
- Transparencia total: Facilitar el documento técnico que justifique por qué las obras no pueden hacerse por partes.
- Garantía de retorno: Un compromiso formal de que todos los expulsados podrán volver a sus apartamentos en las mismas condiciones económicas y sociales previas.
- Mantenimiento del uso público: Garantizar que el edificio de San Francisco seguirá siendo un equipamiento asistencial para mayores y no se destinará a otros fines.
Mientras el plazo judicial avanza, Alejandro e Ibáñez mantienen su postura de resistencia en el corazón de La Latina, a la espera de un gesto del Ayuntamiento que evite lo que consideran un desahucio injustificado de la población más vulnerable del distrito.
