El conflicto por el uso del espacio público en Madrid salta definitivamente de las aceras a los tribunales. El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha confirmado oficialmente esta mañana que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por la entidad contra la Ordenanza 7/2025, de 25 de noviembre, de Terrazas y Quioscos de Hostelería.
Este paso judicial, decretado el pasado 9 de febrero, supone un revés para el ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida, al que el tribunal ha otorgado un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo completo que dio lugar a la aprobación de la norma. Con esta decisión, la justicia comienza a examinar una ley local que, según los vecinos, prioriza el negocio hostelero sobre el derecho al descanso y la libre circulación de los residentes.
Un sector «incumplidor» y falta de diálogo
La comparecencia, celebrada en el Espacio Vecinal Paco Caño de Lavapiés, ha servido para que la FRAVM denuncie la «nula interlocución» con el área de Hostelería del Ayuntamiento. Jorge Nacarino ha recordado que la federación advirtió a las puertas del Palacio de Cibeles que «este partido no había terminado» y que acudirían a la vía judicial en cuanto la ordenanza fuera publicada en el BOCM.
Desde la federación lamentan que, mientras otros sectores turísticos y de ocio —como Noche Madrid o la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid— mantienen grupos de trabajo activos con los vecinos para combatir el ruido, el intrusismo o la inseguridad, el sector de la hostelería se ha mostrado «tremendamente incumplidor» y se ha negado sistemáticamente a sentarse a negociar. Por el contrario, el Ayuntamiento sí aceptó alegaciones clave de la patronal Hostelería Madrid, como la concesión de una moratoria de tres años (hasta el 31 de diciembre de 2028) para que los establecimientos adapten sus instalaciones a la nueva normativa.
«Barreras de hormigón»
La parte más cruda de la jornada ha llegado con los testimonios de quienes sufren la saturación de las terrazas a diario. Carmen Bonet, representante de la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la FRAVM, y Pilar Rodríguez, del Grupo de Terrazas, han relatado las dificultades extremas de movilidad que enfrentan las personas invidentes o con movilidad reducida. Las críticas se centran en varios puntos negros de la ordenanza:
- Ocupación de fachadas: La norma permite instalar terrazas, mesas de baja ocupación y taburetes pegados a la línea de fachada, lo que elimina la «guía» natural que utilizan las personas ciegas para desplazarse con seguridad.
- Obstáculos físicos: El apilamiento de mobiliario y la colocación de elementos de hostelería junto a bancos públicos, fuentes, paradas de autobús y aparcamientos que, en la práctica, privatizan el mobiliario urbano.
- Ruido: El mantenimiento de los actuales límites horarios que, según los colectivos, vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio por exceso de contaminación acústica.
Contra el Código Técnico de Edificación
El abogado de la FRAVM, Raúl Maíllo, ha detallado los fundamentos legales del contencioso. Según el letrado, la ordenanza de Almeida ignora la jurisprudencia consolidada en materia de accesibilidad e incumple el Código Técnico de Edificación al permitir, por ejemplo, pasillos interiores en las terrazas de apenas 0,80 metros, una distancia insuficiente para el tránsito seguro.
Asimismo, la federación sostiene que la norma choca con derechos fundamentales amparados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente en lo relativo al impacto del ruido en la salud y la vida privada de los ciudadanos en sus hogares.
Propuesta de consenso: el Consejo de Terrazas
Pese al litigio abierto, la FRAVM ha vuelto a tender la mano al Consistorio para buscar una solución pactada. La principal demanda vecinal es la creación de un Consejo de Terrazas. Este órgano de seguimiento contaría con la participación de asociaciones vecinales, hosteleros, colectivos de personas con discapacidad y el propio Ayuntamiento.
El objetivo de este consejo sería monitorizar el fenómeno de las terrazas en tiempo real y proponer medidas correctoras que permitan conjugar el beneficio empresarial con el descanso de los vecinos y el «derecho a la ciudad» de quienes residen en los barrios más tensionados por la actividad hostelera.
