Durante la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una dura crítica contra la gestión del Ejecutivo central. Según Ayuso, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez está «fabricando un caos completo» a través de normativas que, a su juicio, resultan «sectarias» y atacan directamente los sectores de la sanidad, la educación, la energía y la vivienda.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho especial hincapié en el ámbito económico, denunciando supuestos «boicots» a la inversión regional mediante impuestos al patrimonio y obstáculos al desarrollo urbanístico. «Están atentando contra todo lo que funciona», ha aseverado la presidenta, acusando al Gobierno de fomentar la «lucha de clases» en lugar de aportar soluciones técnicas.
Impacto sanitario: más de 78.000 consultas demoradas
En el marco de este enfrentamiento político, la Consejería de Sanidad ha hecho públicos datos detallados sobre las consecuencias de las recientes movilizaciones en el sector. Según el departamento liderado por Fátima Matute, el impacto acumulado asciende a 78.677 pacientes con consultas externas aplazadas.
El balance técnico facilitado por la Comunidad de Madrid desglosa las siguientes cifras de actividad asistencial suspendida:
- Cirugías: 3.678 intervenciones pospuestas.
- Pruebas diagnósticas: 8.567 citas canceladas.
- Atención Primaria: 7.459 consultas no realizadas.
Solo durante las jornadas de huelga de esta semana (lunes 16 y martes 17 de febrero), se estima que 15.677 pacientes se han visto afectados, lo que ha generado un perjuicio económico para las arcas públicas superior al millón de euros.
Un coste de 6,3 millones para la región
Desde el Gobierno autonómico cifran el impacto total del conflicto en 6,3 millones de euros. Estas movilizaciones tienen como origen la reclamación de un Estatuto Marco propio para los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Ayuso ha vinculado directamente esta situación con la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmando que las políticas estatales están dificultando el acceso a la vivienda y el correcto funcionamiento de los servicios públicos madrileños.
