La gestión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la capital vuelve al centro del debate político. Tras conocerse la memoria del Plan de Inspección Municipal 2024-2025, los datos revelan una brecha significativa entre las infracciones detectadas y las medidas sancionadoras ejecutadas por el Ayuntamiento de Madrid. Según el informe de la Agencia de Actividades, de las inspecciones realizadas en los últimos 20 meses, el 87 % de los inmuebles analizados resultaron ser ilegales, sumando un total de 1.788 viviendas sin título habilitante.
El concejal José Luis Nieto, del grupo municipal de Más Madrid, ha calificado estos resultados como un «maquillaje barato» y una «estafa» para los vecinos. Nieto denuncia que, frente a las afirmaciones del alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre la eliminación de 3.000 VUT ilegales, los datos oficiales solo avalan el cese de actividad en 497 casos, una cifra que, según el edil, carece de actas que confirmen que dichos pisos hayan vuelto realmente al uso residencial.
«Falta de proactividad y ejecución de sanciones«
Uno de los puntos más críticos del informe es la ausencia de inspecciones de oficio. Entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, el Ayuntamiento no realizó ni una sola intervención proactiva, limitándose a actuar exclusivamente bajo denuncia previa de los vecinos. En este periodo se analizaron 2.589 denuncias, de las cuales se llegaron a inspeccionar el 78 % (2.042). A pesar de haberse detectado 1.788 actividades ilegales, la respuesta administrativa ha sido limitada:
- Solo se emitieron órdenes de cese para el 22 % de los infractores (397 órdenes).
- No se registró ningún precinto de vivienda por incumplimiento de dichas órdenes.
- Las sanciones económicas afectaron a una minoría: se impusieron 199 multas coercitivas (de entre 1.000 y 3.000 euros) y se tramitaron 176 expedientes sancionadores, muchos de los cuales se encuentran actualmente cuestionados por la Justicia.
Impacto en el mercado residencial
La persistencia de estas viviendas ilegales está agravando, según las declaraciones de Nieto, la dificultad de las familias madrileñas para encontrar alquileres asequibles. “Mientras miles de familias no encuentran piso, las viviendas turísticas ilegales siguen operando a sus anchas”, ha señalado el concejal, subrayando la falta de un sistema de control efectivo que verifique si las órdenes de cierre se cumplen realmente.
El informe de la Agencia de Actividades «pone de manifiesto la complejidad de supervisar el cumplimiento de la normativa urbanística en un sector en constante crecimiento». Por ahora, el Ayuntamiento fía la recuperación de la legalidad a un proceso administrativo que, a la luz de las cifras, «muestra dificultades para materializar el cierre efectivo de la mayoría de las actividades irregulares detectadas en la ciudad».
