El grupo municipal Más Madrid ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su demanda contra el «Plan Reside», la normativa de viviendas de uso turístico (VUT) del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. La formación, que ha bautizado esta regulación como el «Plan Expulsa», considera que el proyecto supone una «rendición total ante el lobby inmobiliario y turístico». Esta acción jurídica es la continuación de la ofensiva emprendida en octubre contra la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid de una norma que, según denuncian, fomenta la expulsión de familias de sus barrios.
La concejala Lucía Lois ha advertido de la gravedad de esta normativa, señalando que «ha abierto la veda» para que bloques enteros de uso residencial puedan transformarse legalmente en edificios de hospedaje terciario, afectando incluso a inmuebles protegidos o de propietario único. «El Partido Popular ha decidido arrodillar el derecho a la vivienda ante fondos buitres y grandes inversores», ha declarado Lois. La edil ha puesto rostro a esta problemática mencionando específicamente la situación crítica que viven los vecinos en los bloques de Gaztambide 22, Valverde 41 y los edificios del Duque de Alba en la calle de Manuel.
En el escrito de demanda se detallan graves deficiencias de fondo, entre las que destacan la previsión de un crecimiento ilimitado de la actividad turística, la falta de una motivación técnica real para fijar en 15 años el cambio de uso de residencial a turístico, y la alarmante indeterminación del concepto de ‘vivienda asequible’. Más Madrid insiste en que, lejos de ser una regulación efectiva, es un instrumento que pone en peligro el tejido vecinal de la capital en favor de la especulación.
Finalmente, la demanda subraya que el plan de Almeida es una «chapuza» legal que incumple requisitos formales básicos exigidos por la Ley del Suelo. En concreto, se denuncia la ausencia de una memoria de sostenibilidad económica válida, calificando el informe económico presentado por el Ayuntamiento como un documento «puramente inventivo y caprichoso». Ante lo que consideran un «despropósito», la formación ha reafirmado su compromiso de llegar hasta el final del proceso judicial para frenar la normativa.
