La Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid acoge desde este martes, 17 de febrero, el juicio con jurado popular contra tres hombres acusados de un doble asesinato y un delito de incendio provocado. Los hechos, cuya instrucción ha dirigido el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Torrejón de Ardoz, se remontan a la madrugada del 20 de agosto de 2022 en una nave industrial ocupada.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el principal encausado, S. El A., convivía en el inmueble con su pareja sentimental, E. F. L. El Ministerio Público sostiene que el acusado mantenía una actitud machista, posesiva y violenta, habiendo amenazado de muerte a la mujer tras conocer que esta había iniciado una relación afectiva con otra persona. El plan criminal se habría ejecutado presuntamente en connivencia con los otros dos acusados, B. B. y Z. Er R., quienes también residían o frecuentaban la nave.
El relato de los hechos detalla que, entre las 01:23 y las 02:13 horas de la citada noche, los tres procesados habrían provocado intencionadamente un incendio mientras las víctimas se encontraban en la planta superior del edificio. Como consecuencia del fuego y la acumulación de gases, tanto E. F. L. como su acompañante, Y. M., fallecieron por asfixia debido a la intoxicación. La virulencia de las llamas obligó en aquel momento a desalojar naves colindantes y retirar vehículos para evitar una tragedia mayor, causando daños materiales tasados en más de 18.000 euros.
Por estos hechos, la Fiscalía califica lo sucedido como dos delitos de asesinato y un delito de incendio. Para el principal acusado, se aplican las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género. El Ministerio Público solicita una pena de 25 años de prisión por el asesinato de su pareja y 20 años por el del acompañante, además de otros 15 años por el incendio provocado, sumando un total de 60 años de cárcel. Para los otros dos implicados, las penas solicitadas ascienden a 20 años por cada asesinato y 15 por el incendio.
Asimismo, el Fiscal interesa que los acusados —que se encuentran en situación irregular en España— cumplan íntegramente las penas en territorio nacional dada la gravedad de los delitos. En concepto de responsabilidad civil, se solicita una indemnización que supera los 460.000 euros para los familiares de los fallecidos y los propietarios de la nave afectada por los desperfectos.
