La gestión del agua en la Comunidad de Madrid ha entrado en una fase de control preventivo intensivo. Canal de Isabel II ha iniciado maniobras de desembalse en ocho de sus infraestructuras clave con el objetivo de mantener los márgenes de seguridad hidrológica necesarios ante el estado actual de las reservas. Las presas afectadas por esta medida técnica son las de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, Pedrezuela, El Vado y Manzanares El Real.
En la actualidad, los 13 embalses que componen la red de abastecimiento de la región se encuentran al 79% de su capacidad total, almacenando un volumen conjunto de 751,333 hectómetros cúbicos. Este alto nivel de llenado, sumado a las previsiones meteorológicas y la escorrentía acumulada, ha motivado que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) mantenga reuniones de urgencia con ayuntamientos, la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Delegación del Gobierno para coordinar la evolución de la situación en las próximas horas.
El operativo de desembalse se está ejecutando de forma escalonada, especialmente en la cuenca del río Lozoya. Allí, el agua fluye de forma controlada desde la presa de Pinilla (25 m3/s) hacia Riosequillo, y de esta hacia Puentes Viejas (50 m3/s), continuando el circuito por El Villar hasta alcanzar el embalse de El Atazar, que vierte actualmente 25 metros cúbicos por segundo directamente al cauce del río. En otras áreas, como la cuenca del Jarama, la presa de El Vado desaloja 30 m3/s, mientras que Pedrezuela y Manzanares El Real mantienen vertidos más moderados de 8 y 5 m3/s respectivamente.
A pesar de que estas maniobras forman parte de los protocolos ordinarios de seguridad, la Comunidad de Madrid mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAM) en su fase de preemergencia. Asimismo, sigue vigente el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales. Las autoridades insisten en que estas medidas son preventivas y buscan establecer canales de comunicación fluidos entre los organismos de emergencia y los municipios para evitar cualquier incidencia derivada del aumento de los caudales en los cauces fluviales.
