El fundador de Telegram, Pável Dúrov, ha emitido una alerta masiva dirigida a los usuarios españoles en la que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de impulsar regulaciones peligrosas bajo el pretexto de la protección ciudadana. En un movimiento que lo alinea con las críticas recientes de Elon Musk, Dúrov sostiene que las medidas anunciadas ayer representan una señal de alarma roja para la privacidad y la libertad de expresión, advirtiendo de que España podría transformarse en un Estado de vigilancia.
El impacto de la verificación de identidad y la responsabilidad penal
El empresario tecnológico ha puesto el foco en la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, señalando que la exigencia de controles estrictos como el uso del DNI o la biometría no afecta solo a los niños. Según su análisis, esta medida establece un precedente peligroso para rastrear la identidad de cada usuario, lo que erosiona el anonimato y abre la puerta a una recopilación masiva de datos que podría extenderse a toda la población, sofocando el debate abierto en la red.
Asimismo, alerta sobre la nueva responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas, indicando que la amenaza de cárcel por no eliminar rápidamente contenido considerado ilegal, odioso o perjudicial forzará una sobrecensura preventiva. En este sentido, Dúrov advierte que las plataformas borrarán cualquier contenido mínimamente controvertido para evitar riesgos legales, lo que terminaría silenciando disidencias políticas, labores periodísticas y opiniones cotidianas de los ciudadanos.
La regulación de algoritmos y el monitoreo de la polarización
Por otro lado, el dueño de Telegram ha calificado de criminalización la nueva regulación sobre la amplificación algorítmica. Argumenta que, al convertir en delito la difusión de contenidos etiquetados como perjudiciales, los gobiernos podrán dictar de forma efectiva qué información llega al ciudadano, enterrando las opiniones opuestas y sustituyendo la exploración libre de ideas por una suerte de propaganda curada por el Estado.
A esto se suma su profunda preocupación por la obligación de las plataformas de monitorear y reportar la denominada huella de odio y polarización. Dúrov afirma que el uso de definiciones vagas sobre lo que constituye «odio» podría permitir que se etiqueten las críticas legítimas al Gobierno como factores de división, convirtiéndose en una herramienta para suprimir a la oposición mediante cierres de perfiles o multas económicas.
Un llamamiento a la vigilancia ciudadana
Finalmente, el comunicado defiende que estas medidas no constituyen salvaguardas reales, sino pasos decididos hacia el control total del entorno digital. Dúrov asegura haber visto este guion anteriormente, donde los gobiernos utilizan la seguridad como arma para censurar a sus críticos. En este contexto, ha reafirmado el compromiso de Telegram con el cifrado fuerte y la ausencia de «puertas traseras», instando a la sociedad española a mantenerse vigilante, exigir transparencia y luchar por sus derechos fundamentales antes de que sea demasiado tarde.
