La Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid acoge, a partir del martes, 3 de febrero. a las 10:00 horas, el inicio del juicio contra una presunta red dedicada a la estafa hipotecaria que dejó a decenas de familias en una situación de extrema vulnerabilidad. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita penas que, en algunos casos, superan los ocho años de prisión para los principales cabecillas de una organización que operaba bajo el paraguas de sociedades como Irisan Gestiones Hipotecarias, Credit Garpi y Tria A.I.L.V.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la trama se especializaba en captar a personas con graves dificultades financieras que no podían acceder al sistema crediticio bancario convencional. Los acusados, aprovechando la situación de necesidad de las víctimas, ofrecían préstamos de capital privado bajo una apariencia de legalidad y profesionalidad. Sin embargo, detrás de estas ofertas se escondía una compleja operativa diseñada para que los clientes terminaran perdiendo sus propiedades inmobiliarias de forma irreversible.
El modus operandi descrito por la Fiscalía consistía en la formalización de escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria ante notario. En estos documentos se hacían constar cantidades recibidas por los clientes que, en realidad, nunca llegaban a sus manos en su totalidad, ya que se detraían comisiones desorbitadas y gastos no justificados. Además, los contratos incluían cláusulas abusivas y plazos de devolución imposibles de cumplir, lo que conducía inevitablemente al impago y a la posterior ejecución de la vivienda por parte de las sociedades controladas por los acusados.
La macrocausa, que se ha dilatado durante años debido a la cantidad de perjudicados y la complejidad de los delitos financieros investigados, pone el foco en el entramado societario utilizado para blanquear los beneficios. Además de las penas de cárcel por delitos de estafa agravada y asociación ilícita, el Fiscal interesa la nulidad de todos los contratos y préstamos realizados por las víctimas con entidades como Irisan e Irissan Hipotecas, así como con Credit Garpi S.L. Esta medida busca que los perjudicados puedan recuperar la titularidad de sus viviendas o cancelar las deudas fraudulentas que aún pesan sobre ellas.
El juicio, que se prevé de larga duración dada la numerosa prueba testifical y documental propuesta, sentará en el banquillo a una decena de personas físicas y declarará la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas implicadas. La acusación pública solicita también la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la gestión hipotecaria o la intermediación financiera durante el tiempo de la condena, subrayando el daño social causado por una red que, presuntamente, convirtió la necesidad de vivienda de terceros en un lucrativo negocio ilícito.
