El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra dos decisiones de la Mesa de la Asamblea que bloquearon la creación de una Comisión de Investigación sobre la relación entre el Gobierno regional y la asociación Madrid Network, así como los posibles efectos de esa relación en la regulación fiscal y económica de la Comunidad de Madrid.
La solicitud inicial —registrada por una quinta parte de los diputados, el mínimo exigido por el Reglamento de la Cámara— cumplía todos los requisitos formales: detallaba el objeto de la investigación, justificaba el interés público, delimitaba el ámbito competencial autonómico y fijaba reglas de funcionamiento.
Sin embargo, la Mesa de la Asamblea y posteriormente la Mesa de la Diputación Permanente la rechazaron sin permitir su debate parlamentario, alegando que la materia no encajaba en las competencias autonómicas y que afectaba a una entidad privada ajena a la Administración regional.
La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha manifestado que “no vamos a parar hasta que se sepa qué ha pasado con los cerca de 70 millones de euros que Madrid Network le debe a la Comunidad de Madrid, de los cuales 1,8 millones fueron a parar a Equipo Económico, empresa del ex ministro Montoro, que ahora está siendo investigada”.
Según Espinar, “la presidenta Ayuso no puede seguir utilizando las instituciones como si fueran su chiringuito particular. Ya está bien de oscurantismo, de chanchullos y de dinero derrochado. La justicia ya ha obligado al gobierno a publicar las cuentas anuales de Madrid Network, cosa que no han hecho todavía, por cierto. Ahora exigimos que se anule la decisión de la mesa de no dejarnos tramitar la creación de una Comisión de Investigación”.
El recurso sostiene que esta negativa vulnera derechos fundamentales de los parlamentarios reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, al impedirles ejercer su función de control político. Según la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional —y especialmente la sentencia 88/2012, dictada en un caso prácticamente idéntico— la Mesa solo puede comprobar requisitos formales y no puede sustituir al Pleno ni a los grupos parlamentarios en decisiones de carácter político, como valorar la pertinencia de una investigación.
El Grupo Socialista argumenta que la Mesa actuó sin competencia, realizando un juicio político encubierto que priva a los grupos de la posibilidad de oponerse o permitir la tramitación, y al Pleno de debatir y votar la creación de la Comisión. Además, denuncia que se repite un patrón ya corregido por el Constitucional en el pasado, lo que otorgaría al caso una especial trascendencia institucional.
El recurso solicita que el Tribunal Constitucional declare la vulneración de derechos fundamentales, anule los acuerdos de la Mesa y ordene retrotraer las actuaciones para que la solicitud de comisión de investigación sea tramitada conforme al Reglamento, permitiendo que sean los grupos parlamentarios y, en su caso, el Pleno quienes decidan sobre su creación.
En esencia, el caso cuestiona si la Mesa de la Asamblea puede vetar investigaciones políticas de interés público y si este tipo de decisiones está limitando indebidamente la función de control que los diputados ejercen en representación de la ciudadanía.
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