La ONG Bocatas Madrid, que lleva distribuyendo alimentos y ofreciendo acompañamiento a personas sin hogar en el distrito Centro desde 1996, ha anunciado que dejará de realizar su reparto tradicional en la plaza de Ópera después de que el Ayuntamiento de Madrid comunicara «incumplimientos continuados» de varias normativas municipales.
Mientras la entidad acusa al Consistorio de «vetar» la solidaridad con el objetivo de «esconder la pobreza», el Ayuntamiento, a través de la Junta Municipal de Centro, alega que la decisión responde a problemas de salud pública, orden y seguridad en la vía pública.
Posición del Ayuntamiento y criterios de la restricción
Fuentes del Ayuntamiento han confirmado que se han mantenido reuniones con la ONG Bocatas, pero que el reparto en la vía pública presentaba inconvenientes que imposibilitaban su continuidad «sin ningún tipo de control», según declaraciones del concejal de Centro, Carlos Segura, y el área de Políticas Sociales.
Las autoridades municipales señalan varios motivos para la restricción. Uno de ellos es el riesgo sanitario, advirtiendo que no se podían garantizar la trazabilidad de los alimentos ni el cumplimiento de las medidas higiénicas mínimas, lo que podría suponer un riesgo para la salud pública.
Otro punto es la cuestión de orden público y ocupación de la vía, mencionando la ocupación no autorizada de espacio público con el apilamiento de grandes cantidades de cajas de alimentos, la generación de aglomeraciones y la existencia de altercados durante los repartos que han requerido intervención policial.
También se ha señalado la entrada no autorizada de vehículos al distrito en horarios restringidos, fuera de la franja de carga y descarga. El Consistorio defiende que la decisión se basa en motivos regulatorios y de ordenación del espacio, recordando que existen recursos y canales oficiales para atender a las personas sin hogar.
La denuncia de la ONG Bocatas Madrid
Por su parte, la ONG, que afirma atender semanalmente a unas 300 personas en la zona de Ópera, lamenta que su «delito» sea entregar bocadillos y acompañar a personas que duermen en la calle. Bocatas Madrid sostiene que la «excusa oficial» es que el reparto «no está regulado en la ordenanza municipal».
La entidad interpreta la restricción como un «proyecto político» cuyo mensaje implícito es que «la miseria no puede verse, la solidaridad no puede hacer ruido», buscando, a su entender, «blindar un modelo donde quien no puede consumir desaparece del paisaje».
Además, la ONG ha criticado la exigencia del distrito Centro de llevar un registro de a quién alimenta, calificándolo como un intento de imponer un «carnet de pobre» y señalando que el derecho a la alimentación es un derecho humano recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el PIDESC, que obligan a los gobiernos a no impedir el acceso a una alimentación adecuada. A pesar de la prohibición, la Asociación Bocatas ha anunciado que continuará su labor solidaria «por otros medios», asegurando que su compromiso de tres décadas no se romperá por un veto administrativo.
