La Comunidad de Madrid ha inspeccionado los últimos cuatro años 1.906 construcciones irregulares en suelo protegido para restablecer la legalidad urbanística. Así se recoge en un informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que incluye el balance del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2021-2024.
En este documento se destacan las 5.334,3 hectáreas afectadas por este tipo de asentamientos en 56 municipios. De ellas, cerca del 80% se concentra en las vegas de los principales ríos madrileños, la mayor parte en las zonas del río Tajuña (2.712,5 hectáreas), seguido por el Jarama (1.019,5), Guadarrama (363,2) y Tajo (150,2).
Por ello, y ante el riesgo que supone tanto para las personas como para el medio ambiente, el Ejecutivo madrileño ha definido la intervención en este tipo de edificaciones entre los objetivos del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística para 2025-2029, recientemente aprobado. Éste se estructura en distintas etapas anuales con actuaciones específicas, como estudios comparativos mediante fotografía aérea; diagnósticos sobre núcleos ilegales; tramitación de expedientes disciplinarios y sancionadores, y acciones formativas dirigidas a profesionales y ciudadanos.
on esta iniciativa, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la legalidad urbanística y el desarrollo sostenible, garantizando una actuación eficaz, coordinada y transparente frente a las infracciones que afectan al suelo.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico prestará apoyo técnico y jurídico a órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, así como a los ayuntamientos, especialmente aquellos con menos de 5.000 habitantes. Estas acciones se llevarán a cabo mediante la elaboración de informes y la colaboración en la ejecución de sentencias penales.
RECUPERACIÓN EFECTIVA DEL TERRENO Y DEL ENTORNO NATURAL
El balance del periodo 2021-2024 refleja también que la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística llevó a cabo 455 visitas. Además, tramitó 942 expedientes de diligencias previas; 143 disciplinarios urbanísticos; 45 de ejecución subsidiaria; 88 sancionadores; 67 órdenes de demolición, y 258 requerimientos de información.
El fin último de todas estas acciones es que la superficie ocupada pueda destinarse a los usos para los que está planificada, como actividades agrícolas o ganaderas. Así, la recuperación efectiva del terreno y del entorno natural, más allá de la mera demolición de construcciones ilegales, constituye uno de los objetivos esenciales.
Este principio se ha materializado en una de las intervenciones realizadas en el municipio de El Molar. Allí se procedió a la restauración del entorno natural afectado, evidenciando el compromiso institucional con la protección del suelo no urbanizable y la conservación del paisaje, conforme a la normativa aplicable.
El último de los casos ha sido en Chinchón, donde la Comunidad de Madrid mantiene una colaboración estrecha con el Ayuntamiento para reforzar la tramitación de expedientes derivados de edificaciones ilegales. En esta localidad, se ha procedido, con carácter subsidiario, a la demolición y retirada de tres contenedores frigoríficos de camión con cubierta a dos aguas.
Estas estructuras, destinadas a uso residencial, se encontraban ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección, sin disponer del título habilitante correspondiente. La actuación se realizó en cumplimiento de la normativa vigente para restaurar la legalidad vulnerada.
