La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la inauguración del Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz para abordar dos asuntos cruciales que, a su juicio, comprometen la justicia en la región: la escasez de jueces y la reforma legislativa que afecta a la instrucción penal.
La presidenta madrileña puso de relieve la «preocupante escasez de jueces y magistrados» que sufre Madrid, atribuyendo esta situación a la «limitada convocatoria de plazas por parte del Ministerio de Justicia en estos años». Díaz Ayuso citó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha reclamado la incorporación urgente de 142 nuevos jueces para la comunidad.
Sin embargo, enfatizó que esta necesidad no puede ser utilizada como justificación para alterar el sistema de acceso: «Esto no puede ser excusa para destruir ni politizar el acceso por oposiciones a la carrera judicial». La presidenta aportó datos para respaldar su crítica, señalando que Madrid cuenta con 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra que sitúa a la comunidad «muy por debajo de la media nacional» y en el puesto 13 entre las autonomías. A pesar de ello, contrastó que el Gobierno regional ha ejercido sus competencias con eficacia y Madrid es la región con mayor número de funcionarios por juez, con una ratio de 8,5.
En su segundo punto, Díaz Ayuso censuró el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) que el Gobierno central se disponía a aprobar, calificándolo de «giro de tuerca más en esa obsesión por ir minando la independencia judicial, por asaltar la justicia». La crítica se centró en la propuesta de que el Fiscal instruya las causas, lo que la presidenta considera «el intento definitivo de controlar la acción penal».
Argumentó que esta medida es peligrosa porque, a diferencia de los jueces, los fiscales «están sujetos a jerarquía y su cúpula es elegida por el Gobierno». La presidenta afirmó que esta reforma es un «atentado contra el Estado de Derecho» y un «enorme peligro para todos», enmarcando esta ofensiva en un contexto donde, según su criterio, «quienes han cometido esos graves delitos están redactando las leyes».
La líder regional concluyó que la reforma se suma a la «mayor ofensiva a la independencia judicial y fiscal en décadas, que supone de facto la deriva bolivariana de nuestra justicia».
