La Comunidad de Madrid cifra en más de 10.500 millones de euros la deuda del Gobierno central con la región por prestaciones y servicios públicos que, según denuncia, «no paga como le obliga el ordenamiento legal». Así lo ha denunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un encuentro con algunos medios de comunicación en la sede de la Consejería.
Albert ha constatado que esta deuda «repercute en los madrileños», por lo que ha reclamado un nuevo sistema de financiación autonómica “moderno y transparente”, que t»enga en cuenta las diferencias entre CCAA pero que no produzca desequilibrios como los actuales, que convierten a Madrid, siendo la que más aporta, en una de las que menos recursos recibe por habitante».
Entre los «incumplimientos», destaca el relativo a la Ley de Dependencia, donde el Estado está comprometido a sufragar el 50%, porcentaje que «nunca alcanza, lo que eleva el coste para las arcas regionales en 2.430 millones de euros desde 2019».
En el caso de los fondos europeos, Madrid «ha sido infrafinanciada, siendo la que menos recibe por habitante». El importe consignado hasta abril de 2025 ha sido de 3.242 millones, el 11,3% del total asignado a las CCAA, a pesar de que representa el 14,6% de la población nacional. Ese «desajuste» ha significado «950 millones que la región no ha percibido».
«INVERSIONES COMPROMETIDAS Y NO EJECUTADAS»
Albert también ha denunciado las inversiones «comprometidas y no ejecutadas» por el Ejecutivo central en medio ambiente, como las 221 actuaciones de la Administración Estatal que afectan a la Comunidad de Madrid correspondientes al tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo, con una inversión de 1.580 millones de euros.
También los 1.200 millones para obras en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERAR) de La China, Butarque y Sur, que «fueron declaradas de Interés General del Estado y son infraestructuras clave en el sistema de depuración de la cuenca del Tajo, esenciales para cumplir con la normativa comunitaria».
En otras áreas y según el Ejecutivo de Ayuso, el Gobierno central también debe al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) 268 millones de euros de 2025, incluyendo la subvención ordinaria y las ayudas directas al transporte. La deuda ascendería a casi 44 millones correspondientes en relación a la Ley de Eficiencia de la Justicia, que se suma a otra de 27 millones para la asistencia hospitalaria de los presos en las cárceles madrileñas.
